Historia de España de 2º Bachillerato. Temas Siglos XIX y XX. Bloques 5 al 12 (2ª y 3ª Evaluaciones)

BLOQUE 5.- LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO.

5.1.- La Guerra de la Independencia: antecedentes y causas. Bandos en conflicto y fases de la guerra

La CRISIS DE 1808, comienza en el reinado de Carlos IV (1788-1808): éste había encumbrado al poder a un desconocido joven militar, Manuel Godoy, en detrimento de sus ministros ilustrados (Floridablanca, Aranda, etc). La política exterior de Godoy fue desastrosa: derrota contra la Francia revolucionaria (se le cede Santo Domingo en la paz de Basilea, 1795); alianza con Francia contra Gran Bretaña (Tratado de San Ildefonso, 1796), siendo ambas derrotadas en el cabo San Vicente. En 1804 estalla una nueva guerra contra Inglaterra que se salda con la derrota de las armadas francesa y española en Trafalgar (1805), donde la armada francoespañola fue destrozada, suponiendo el declive definitivo de la potencia naval española.

El desastre naval supuso la reducción de los ingresos por el colapso del comercio colonial y la consiguiente bancarrota estatal. Godoy recurrió al endeudamiento (vales reales), al aumento de las contribuciones por parte de los privilegiados y a una tímida desamortización de tierras eclesiásticas. Esto le granjeó la oposición de la nobleza y el clero que, además, arremetían contra su origen plebeyo. A finales de 1807, la situación socioeconómica del país era grave: impuestos, guerras, hambre, etc. Las revueltas populares también culpaban a Godoy de esta situación de crisis. Unos y otros empezaron a proyectar una imagen positiva del príncipe heredero Fernando como único salvador del país. En octubre de 1807, fue descubierta una primera conspiración de Fernando (contra Godoy y contra sus padres), que se salda con el proceso de El Escorial.

En el verano de 1807 Napoleón, que ya tenía una gran influencia sobre la política española, decidió invadir Portugal (aliado de Gran Bretaña), y para ello firmó con el gobierno español el Tratado de Fontainebleau (octubre de 1807) por el que se autorizaba al ejército francés a atravesar España camino de Portugal. Entre noviembre y febrero, varios cuerpos del ejército francés al mando de Murat, se acuartelaron en varias ciudades importantes (Barcelona, Vitoria, Pamplona). Napoleón tenía una idea muy negativa del país y, sobre todo, del gobierno y la familia reinante, por lo que decidió invadir España y convertirla en una monarquía satélite.

El 18 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, donde la multitud partidaria de Fernando, dirigida por la nobleza palaciega y el clero, tomó al asalto el palacio real: Godoy fue depuesto y Carlos IV abdicó a favor de su hijo. La confusión política continuó cuando Napoleón llamó a la familia real a Bayona, junto a Godoy, para entrevistarse con él. Fernando dejó en Madrid un consejo de gobierno, aunque el poder ya lo ejercía Murat. Las negociaciones de Bayona (mayo de 1808) fueron vergonzosas: Fernando abdicó a favor de su padre, y éste lo hizo a favor de Napoleón, y éste, a su vez, entregó el reino a su hermano José.

Estos son los prolegómenos de la GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814) que ya había tenido su estallido inicial con el levantamiento del 2 de mayo en Madrid: la alarma sobre la salida de la capital de miembros de la familia real derivó hacia una lucha callejera entre las tropas de choque francesas y el pueblo de Madrid al que se le sumaron algunos militares (Daoiz y Velarde). Las fuerzas de Murat aplastaron la rebelión y aplicaron una represión feroz. La mayor parte del ejército español se mantuvo al margen, las clases privilegiadas y las instituciones del Antiguo Régimen (Junta Suprema de Gobierno y el Consejo de Castilla) acataron la autoridad francesa, pero la reacción popular fue muy distinta y la rebelión se extendió por muchas ciudades del país (Bando del alcalde de Móstoles, Gijón, La Coruña, etc), donde se organizaron Juntas populares para organizar la resistencia.

A partir de aquí se puede decir que la guerra se desarrolla en tres fases:

En lo que queda de 1808 se da la primera fase. Las fuerzas españolas, unas 100.000, mostraron, al principio, confusión y falta de coordinación y decisión, pero pronto empezaron a organizar la resistencia y se vieron reforzadas por unidades inglesas y portuguesas, al mando de Wellington. La población -organizada en Juntas locales, luego provinciales, y finalmente en la Junta Suprema Central- empezó a armarse y a prepararse militarmente para luchar contra los franceses.

En las primeras semanas de guerra los franceses sufren una serie de reveses: la resistencia de ciudades sitiadas como Zaragoza (Agustina de Aragón) y Gerona, y las derrotas del Bruc y, sobre todo, Bailén. A raíz de esta última, José Bonaparte abandonó Madrid. Todo esto hizo que Napoleón entrase personalmente en España, derrotando a las tropas españolas que le salieron al paso.

La segunda fase comienza en 1809, con los franceses conquistando Andalucía, salvo Cádiz. Pero el predominio francés se compensa con la voluntad de resistencia popular, que se plasmó en el inicio de una guerra de guerrillas espontánea, popular y más eficaz que la lucha armada. Hubo guerrilleros liberales como El Empecinado, o absolutistas como el cura Merino.

La tercera fase comienza en la primavera de 1812, cuando Napoleón tomó la decisión de atacar Rusia, por lo que retiró a muchas de sus mejores unidades de España. En marzo los franceses abandonan Portugal tras ser derrotados en Torres Vedras; poco después Wellington reconquista Badajoz, y en julio vence a los franceses en Los Arapiles. Tras las derrotas en Vitoria y San Marcial en 1813, José I Bonaparte se vio obligado a cruzar la frontera junto con las tropas francesas. El 11 de diciembre, asediado en su propio territorio, Napoleón firmaba con Fernando VII el Tratado de Valençay, por el que se restituía a éste último en el trono español.

Pero la guerra también supone el final del Antiguo Régimen, y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. Es cierto que el clero, la nobleza y gran parte del pueblo deseaban la vuelta del absolutismo bajo Fernando VII y rechazaban todo cambio social. Sin embargo, los liberales (burgueses, profesionales, etc) veían en la guerra la oportunidad de realizar un cambio en el sistema político e implantar en España un sistema político liberal (constitución, soberanía nacional, división de poderes, instituciones representativas, etc).

5.2. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

La Junta Suprema Central, asediada en Cádiz, se disolvió dando paso a una Regencia formada por cinco miembros. Se convocaron Cortes y se organizó una “consulta al país” sobre las reformas a realizar por las Cortes, predominando la crítica de los gobiernos de Carlos IV, causa de la ruina de España, y el deseo de poner fin a los privilegios estamentales.

Se celebraron las elecciones (indirectas y para los mayores de 25 años), y en septiembre de 1810 se inauguraron las Cortes, entregando el Consejo de Regencia toda la autoridad a las mismas. Muchos diputados electos no pudieron acudir a la convocatoria, y fueron sustituido por personas presentes en Cádiz, muy influidas por el ambiente liberal de la ciudad. Hubo un gran debate de ideas sobre el futuro del país, que se vio favorecido por la difusión de periódicos y folletos a través de la imprenta. La composición mayoritaria procedía de las capas medias urbanas (funcionarios, abogados, comerciantes), aunque también había un centenar de eclesiásticos y medio centenar de aristócratas. El sector liberal consiguió la formación de una cámara única (frente a la tradicional estamental bicameral) y la aprobación del principio –revolucionario- de soberanía nacional, que proclama que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos.

La Constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812 (“la Pepa”), convirtiéndose en la primera de la historia de España. Es un texto largo, 384 artículos, en el que se plasman las diferencias entre absolutistas (partidarios del Antiguo Régimen) y liberales (partidarios de las reformas y de la Constitución), destacando los postulados de éstos últimos, pero también su naturaleza de compromiso, como se demuestra en el interés por mostrar las bases de la Constitución como procedentes de “las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía”-las Cortes con el Rey- anteriores a las de Austrias y Borbones, y por el hecho de no recoger ningún principio abstracto proveniente de la Revolución francesa y de su Constitución de 1791.

La Constitución de 1812 se puede analizar de la siguiente forma:

Contiene una declaración de derechos del ciudadano que se hallan dispersos por todo el texto: libertad de pensamiento y de opinión, igualdad ante la ley, derecho de petición, derecho de propiedad (libre, absoluta e individual), etc. La nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de ambos hemisferios. También se puede mencionar aquí el carácter moralizante y eticista de algunos artículos a la hora de organizar la sociedad.

La estructura del Estado se corresponde con una monarquía limitada (“monarquía moderna hereditaria”) con división de poderes:

El poder legislativo recae en las Cortes, que representan la voluntad nacional y poseen amplios poderes: elaborar leyes, aprobar presupuestos, mando sobre el ejército, etc. Los diputados tienen un mandato de dos años, eran elegidos por sufragio universal masculino, indirecto y censitario, y eran inviolables en el ejercicio de sus funciones. Las Cortes se reúnen anualmente y la Diputación Permanente vela por la observancia de la Constitución cuando las Cortes no estén reunidas.

El poder ejecutivo recae en el rey, que posee la dirección del gobierno y veto suspensivo de las leyes por dos años. Pero hay hasta doce limitaciones a la autoridad real. Sus decisiones eran refrendadas por los ministros. No hay control parlamentario del gobierno.

El poder judicial era competencia de los tribunales, estableciéndose los principios básicos del Estado de derecho: códigos únicos, inamovilidad de los jueces, garantías de los procesos, etc. Se reconocen dos fueros especiales: el militar y el eclesiástico.

Otros artículos de la Constitución fueron: reforma fiscal y de la Hacienda, servicio militar obligatorio y creación de un ejército nacional, implantación de la enseñanza primaria, pública y obligatoria, división territorial en provincias, elección de los alcaldes, creación de la Milicia Nacional (cuerpo de defensa del Estado liberal) y afirmación de la confesionalidad católica del Estado.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz llevaron a cabo una importante legislación ordinaria destinada a eliminar el Antiguo Régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. Así, se decreta: la supresión de los señoríos jurisdiccionales (los territoriales pasaron a ser propiedad privada de los señores, por lo que los campesinos quedaron sin tierras), la eliminación de los mayorazgos, la desamortización de las tierras comunales, la abolición de la Inquisición y de la tortura, la expropiación de bienes de obras pías y órdenes militares, la libertad de imprenta, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Todo ello sentaba las bases para la modernización de España.

Los legisladores de Cádiz elaboraron un marco legislativo muy avanzado en un país muy atrasado. Su obra no tuvo una gran incidencia práctica: en la guerra no se pudo aplicar y, al final de ella, la vuelta de Fernando VII supone su eliminación y la vuelta al absolutismo, por lo que es difícil juzgar su validez (luego estuvo vigente de 1820 a 1823 y unos meses en 1836). Pero ello no impide indicar que la Constitución de 1812 supone el comienzo del constitucionalismo español y de la modernidad política, y que sea el símbolo liberal de nuestra historia.

5.3. El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de independencia de las colonias americanas.

Los liberales, representados en las Cortes, no habían reconocido el Tratado de Valençay porque consideraban que el rey no podía tomar una decisión tan trascendental por sí solo, y desconfiaban de Fernando VII, por lo que querían que jurase la Constitución cuanto antes; pero los elementos absolutistas –nobleza y clero- se adelantaron y en Valencia demandaron al rey la vuelta del absolutismo (Manifiesto de los Persas), movilizando a parte del pueblo llano. Así, el 4 de mayo de 1814, Fernando VII lleva a cabo un golpe de estado mediante un Real Decreto que anulaba toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y abolía la Constitución, y desencadenó una feroz represión, deteniendo o asesinando a liberales y afrancesados, que se exiliaron en Inglaterra y Francia, respectivamente.

Da comienzo el SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820) que suponía la vuelta al Antiguo Régimen: además de la Constitución, fueron suprimidas las leyes desamortizadoras, la libertad de imprenta y la reforma de los impuestos, se restituyeron los privilegios de la nobleza y de la Iglesia y se restablecieron la Inquisición, la Mesta y los antiguos Consejos. La monarquía absoluta quedó fuera de la realidad y aislada de la sociedad española y de Europa, por lo que sufrió el aislamiento y desprestigio en la política internacional.

Así, el 1 de enero de 1820, el comandante Riego se pronunció con éxito a favor de la Constitución de Cádiz, inaugurando el TRIENIO LIBERAL (1820-23). La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Se formó un nuevo gobierno que convocó elecciones a Cortes. Los resultados dieron la mayoría a los liberales, que iniciaron una importante obra legislativa reformista, que venía a restaurar y desarrollar gran parte de las reformas de Cádiz. Pero el Trienio Liberal se caracterizó por la agitación política permanente y tensiones que impidieron su estabilidad y continuidad.

Finalmente, las potencias absolutistas europeas decidieron –en el Congreso de Verona de 1822- intervenir para acabar con el régimen liberal español. En abril de 1823, unos 100.000 soldados franceses, (los Cien Mil Hijos de San Luis), a las órdenes del duque de Angulema, y con el refuerzo de 35.000 voluntarios realistas, repusieron a Fernando VII como monarca absoluto, sin que el ejército constitucional ni la población en su conjunto opusiesen mucha resistencia.

A partir de ese momento comienza la parte final del reinado de Fernando VII, la llamada DÉCADA OMINOSA (1823-33). Con la vuelta del absolutismo se restableció una rígida censura y fue anulada toda la legislación liberal del Trienio. Volvió la represión y el terror contra los liberales durante toda la década, siendo ajusticiados, fusilados, encarcelados, exiliados, expropiados de sus bienes y depurados de la administración y del ejército.

En este contexto se desencadena la crisis sucesoria. Después de no tener descendencia de sus tres primeros matrimonios, en 1829 Fernando contrajo matrimonio con María Cristina de Borbón, que al año siguiente dio a luz a Isabel. La Ley Sálica, implantada por Felipe V, impedía el trono a las mujeres, pero Fernando VII derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, restableciendo la línea sucesoria de las Partidas, no opuesta a la sucesión femenina. El gran perjudicado, el infante Carlos María Isidro (su hermano), y el sector más ultraconservador, los carlistas, no aceptaron la nueva situación. Frente a estos se formó un sector de absolutistas moderados, con apoyos liberales, partidarios de reformas políticas y económicas, que se apoyó en la reina y pasaron a defender los derechos de la princesa. Entre ambos sectores se establecía no solo una lucha por la sucesión al trono, sino por imponer un determinado modelo sociopolítico.

En septiembre de 1832, diversas intrigas palaciegas dirigidas por carlistas, consiguieron que un Fernando agonizante firmara la supresión de la Pragmática. Pero se restableció y volvió a ponerla en vigor. En 1833 murió Fernando y se iniciaba la regencia de María Cristina. El mismo día, don Carlos –a través del manifiesto de Abrantes- se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista (carlista) en el norte de España y Cataluña. Comenzaba la primera guerra carlista.

LA EMANCIPACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA.

Hay una gran variedad de causas o factores que explican el movimiento independentista:

La política borbónica del siglo XVIII, el descontento de los criollos (10-15% de americanos descendientes de españoles), la propia crisis del poder político de la metrópoli, así como el interés de Gran Bretaña por comerciar libremente con América.

El proceso de independencia es complejo, tanto desde un punto de vista político como militar pero, en general, se puede decir que fue liderado por las principales ciudades de la América colonial, y dentro de ellas por las élites criollas. Los indígenas tuvieron al principio una actitud pasiva cuando no favorable a la metrópoli (excepto en México), pero con el tiempo se incorporaron al movimiento emancipador. Se pueden distinguir las siguientes etapas:

Una primera etapa (1808-1814), paralela a la guerra de la Independencia. La burguesía criolla llega a formar Juntas revolucionarias autónomas de la metrópolis. Así pues, a ambos lados del Atlántico se abordan procesos que abordan temas como la independencia, la soberanía, los derechos, las juntas … Pero las divisiones internas de los criollos permitieron la reacción de los realistas y la reconquista de las ciudades sublevadas. El control se restableció definitivamente con el envío de un ejército de 100.000 hombres desde la península.

México fue un caso particular, porque allí los criollos se aliaron con los peninsulares para aplastar al movimiento indigenista de indios y mestizos, liderados por Hidalgo y Morelos.
Las Cortes de Cádiz consideraron las colonias como territorio español y reconocieron los derechos de los criollos, pero fueron incapaces de intervenir frente al movimiento independentista, dado que apenas podían controlar el territorio hispano.

Una segunda etapa (1814-1820) coincide con la restauración del absolutismo en España, lo que reavivó en América las ansias de independencia. Así, desde el sur se proclama la independencia de las Provincias Unidas de Suramérica en 1816. San Martín cruza los Andes y derrota a los españoles en Chacabuco y proclama la independencia de Chile en 1818. Desde Venezuela, Simón Bolívar proclama en enero de 1819 la República de la Gran Colombia (actuales Venezuela y Colombia) y derrota a los realistas en Boyacá (1819) y en Carabobo (1821).

La última fase (1820-1824) se produce tras la revolución de 1820 en España. San Martín desde el sur y Bolívar desde el norte convergieron sobre el virreinato del Perú. En julio de 1821 se proclama la independencia del Perú. Un año más tarde se entra en Quito. En 1824 se produce la decisiva victoria sobre el ejército español en Ayacucho, y meses más tarde se proclama la independencia de Bolivia.

Por su parte, en México, Iturbide recibiendo el apoyo de todas las fuerzas sociales, derrotó al ejército realista y proclamó la independencia mediante el Plan de Iguala. En este momento, solo Cuba y Puerto Rico seguían permaneciendo como posesiones españolas.

¿Cuál es el balance de este movimiento independentista? El sueño de Bolívar de conseguir una América unida, poderosa y solidaria se mostró imposible, y aunque el poder político y económico quedó en manos de los criollos, la toma del poder por los militares (caudillismo) fue un fenómeno muy frecuente en las nuevas repúblicas, dando lugar a una gran inestabilidad constitucional. Además, la gran mayoría de la población india, negra o pobre, quedó abandonada a su suerte, lo que daría lugar a profundas convulsiones sociales.

España pasó a ser una potencia de segundo orden, con pérdida de mercados y de recursos, justo cuando en Europa se iniciaba la industrialización.

 

BLOQUE 6.- LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868).

6.1. EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

El 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII y se inició la regencia de María Cristina. El 1 de octubre don Carlos (Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII) exigía sus derechos dinásticos (Manifiesto de Abrantes), y el 3 era proclamado rey en algunas ciudades españolas. Comenzaba la primera guerra carlista.

El carlismo se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal, que agrupa a los defensores de la legitimidad dinástica de don Carlos, de la monarquía absoluta, de la preeminencia social de la Iglesia y de la conservación de los fueros particularistas. Territorialmente, el carlismo triunfó en las zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo aragonés y valenciano.

Así, la primera guerra carlista (1833 y 1840), enfrentó a los defensores del Antiguo Régimen (los carlistas) con los partidarios de la causa isabelina y de iniciar un proceso reformista de carácter liberal. Estos últimos contaban con el apoyo de parte de la alta nobleza, de los funcionarios (sectores moderados del absolutismo), de un sector de la jerarquía eclesiástica, de la mayor parte del ejército y de su generalato, además de muchos burgueses y sectores populares -liberales -, que ven la posibilidad de poner fin al Antiguo Régimen.

Don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria, mientras la causa isabelina contó con el apoyo de Francia, Gran Bretaña y Portugal.

La primera guerra carlista tuvo dos fases bien diferenciadas:

La primera fase (1833-35) es de predominio carlista. La guerra se estabiliza en el norte, pero fracasan en la toma de Bilbao (1835), donde muere su general en jefe Zumalacárregui. En el Maestrazgo, las desorganizadas partidas carlistas se unieron bajo el mando del general Cabrera, y obtuvieron unas claras victorias.

La segunda fase (1836-40) es de predominio isabelino a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836).

La incapacidad carlista lleva a algunos de ellos (los transaccionistas) a querer alcanzar un acuerdo con los liberales. Así, Maroto firma el Convenio de Vergara (1839) con Espartero, por el que los carlistas cesan las hostilidades.

Hubo dos guerras carlistas más en el siglo XIX: la segunda guerra carlista (1846-49) o “guerra dels matiners”, y la tercera guerra carlista (1872-76), de la que se hablará en un epígrafe posterior.

ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS.

La primera de ellas es la REGENCIA DE su madre Mª CRISTINA (1833-1840), que confió el gobierno a Cea Bermúdez, absolutista moderado; pero Cea seguía anclado en el absolutismo, por lo que en 1834, la reina llamó a un liberal moderado, Martínez de la Rosa, para formar gobierno. El carácter moderado del mismo se plasma en el Estatuto Real de 1834, que más que una constitución era una carta otorgada, en la que la Corona cede parte de su poder a unas Cortes bicamerales (Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores), que no pueden legislar sino a propuesta del monarca, y que son elegidas por un cuerpo electoral de apenas 16.000 personas.

La falta de reformas en profundidad provocó la división de los liberales entre los moderados o doceañistas y los progresistas o exaltados. Los primeros eran partidarios del liberalismo doctrinario (derechos limitados, soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, éstas últimas bicamerales, sufragio censitario, centralismo, etc). Los progresistas defendían: reunión de Cortes, más derechos como la libertad de prensa, sufragio más amplio, extinción del clero regular, etc.

En agosto de 1836 un levantamiento de los sargentos de La Granja presionó a la regente para que restableciese la Constitución de Cádiz y entregase el poder a los progresistas: Calatrava y Mendizábal. A partir de este momento, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal.

Así, la Constitución de 1837 proclamaba principios progresistas (soberanía nacional, amplia declaración de derechos, división de poderes y aconfesionalidad del Estado; y principios moderados (dos Cámaras colegisladoras, amplios poderes a la Corona, financiación del culto católico).

A partir de 1837 quedó configurado un primer sistema de partidos, sobre la base de los partidos moderado y progresista que se fueron alternando en el poder, aunque siempre con la constante intromisión de los militares (Espartero, Narváez, O’Donnell) en la vida política. Mª Cristina no domina la política ni el ejército (y además debía afrontar las consecuencias de su matrimonio morganático). El general Espartero, con apoyo progresista y social, y auténtico hombre fuerte de España, será el nuevo regente a partir de 1840.

La REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843) se caracteriza por el autoritarismo del regente, incapaz de cooperar con unas Cortes donde nunca obtuvo mayoría. En 1843 Espartero abandonó la regencia, y se adelantó, a los trece años, la mayoría de edad de Isabel II.

ISABEL II (1843-1868): EL REINADO EFECTIVO.

El reinado de Isabel II tiene las siguientes características: en primer lugar, fue un período de tendencia conservadora (moderantismo, doctrinarismo) y de gobiernos autoritarios; en segundo lugar, la reina Isabel intervino activamente en la vida política apoyando a los sectores más conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas, lo que unido a errores e incapacidades erosionó progresivamente su imagen; en tercer lugar, la participación de los generales en el gobierno fue continua, tanto por la exclusión de la oposición, como por ser garantes del orden y de la estabilidad; y, por último, hubo una exclusión de la gran mayoría del país tanto de la vida política como de la mejoras sociales y de condiciones de vida.

Los principales partidos políticos del reinado fueron: moderados y progresistas. En 1849, los más radicales de los progresistas se escindieron para formar el Partido Demócrata, que defiende la soberanía popular, el sufragio universal (masculino), los derechos colectivos, una única cámara electiva, la libertad de imprenta, la libertad de culto, etc. La Unión Liberal se formó en 1854 por los elementos más moderados del progresismo junto con los más avanzados entre los moderados, y fue el partido más importante entre 1856 y 1868; era una unión política centrista con finalidades de gobierno. Atrajo a muchos jefes del ejército, y no en vano sus impulsores fueron los generales O’Donnell y Serrano. Además, los republicanos ganaron fuerza con el desprestigio de la Corona. Defendían la república como la única opción verdaderamente democrática ya que permitía la elección de todos los cargos públicos y, además, presentaba un fuerte carácter social y popular.

La primera etapa del reinado de Isabel II es la llamada DÉCADA MODERADA (1844-1854), que estuvo protagonizada por el general Narváez, impulsor del liberalismo moderado, con predominio del orden y la autoridad, y una dura represión sobre los progresistas.

La Constitución de 1845 expresaba las ideas básicas del moderantismo: soberanía compartida (Cortes-Corona) con predominio de ésta última, Senado no electivo, sufragio muy restringido (1% de la población), poder local sometido al poder central, supresión de la Milicia Nacional, unidad católica, etc. Tenía una declaración de derechos, pero limitados por una regulación posterior.

Además de la Constitución de 1845, otras medidas de los moderados fueron: el control gubernamental sobre la prensa, creación de un sistema jurídico único (derecho penal y derecho civil), el Concordato con la Santa Sede (1851), consolidar la estructura del Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización (con la excepción del País Vasco y Navarra) y la creación de la Guardia Civil (1844).

Hasta 1854 se suceden gobiernos débiles involucrados en escándalos de corrupción, arbitrariedades, destituciones, etc, que conducen a un levantamiento que provocó un cambio de gobierno.

Se inicia la segunda etapa del reinado de Isabel II o BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).después del pronunciamiento de Vicálvaro (junio de 1854), a cuyo frente se colocó el general O’Donnell. Lo que era un pronunciamiento clásico se radicalizó por la elaboración del Manifiesto de Manzanares que demandaba el cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la ley electoral, la reducción de impuestos, la restauración de la Milicia Nacional, la ley de imprenta, etc. A ello siguieron levantamientos de fuerte cariz social en muchas ciudades españolas. Los progresistas prepararon una nueva Constitución, la de 1856, que no fue promulgada.

El gobierno llevó a cabo un ambicioso plan de reformas económicas que comportó una expansión económica hasta 1866: una nueva Ley Desamortizadora (1855), a cargo de Madoz y la creación de una red de ferrocarriles. Pero estas medidas reformistas no remediaron la crisis de subsistencias, lo que generó un clima de conflictividad social (huelgas obreras, levantamientos campesinos, motines urbanos); que atemorizaba a las clases conservadoras. O’Donnell, al frente del gobierno, reprimió las protestas.

Comienza la última etapa o la de DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA ISABELINO (1856-1868). Se trata de una etapa que recupera muchos aspectos de la Década Moderada, continuando el protagonismo de los militares. Lo más relevante del gobierno fue su activa política exterior, con la que buscaba prestigio internacional, fervor patriótico y contentar a sectores del ejército. Hubo tres campañas: la expedición a Indochina (1858-63), las campañas de Marruecos (1859-60) y la intervención en México (1862). También se intervino en Perú, Santo Domingo, en la cuestión romana, se colonizó Fernando Poo y se intentó el iberismo o intento de unidad con Portugal.

En 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental y hubo una rápida sucesión de gobiernos inestables. Finalmente, Isabel II partirá al exilio tras la Gloriosa Revolución de 1868.

6.2. ISABEL II (1843-1868): LAS DESAMORTIZACIONES DE MENDIZÁBAL Y MADOZ. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES.

En el siglo XIX la agricultura continuaba siendo la principal actividad económica, por lo que la posesión de tierras era la principal fuente de riqueza. A principios de siglo la mayor parte de la tierra estaba amortizada (o de “manos muertas”), eran bienes no enajenables (no se podían comprar, vender, ni ceder), controlados por la nobleza, el clero y los ayuntamientos (bienes comunales). De acuerdo con el nuevo sistema liberal, era fundamental que la propiedad de la tierra estuviese en régimen de propiedad privada, es decir, de libre disposición por parte de su propietario, para lo cual era necesario desamortizar estos bienes. Las desamortizaciones fueron hechas por gobiernos progresistas, la primera la realizó Juan Álvarez Mendizábal en 1836 y la segunda Pascual Madoz en 1855.

La desamortización de Mendizábal (1836) afectó a los bienes de las órdenes religiosas, que fueron extinguidas y sus bienes (tierras, edificios, etc.) pasaron a ser propiedad nacional.
El principal objetivo era obtener fondos para amortizar parte de la inmensa deuda pública española, lo que restablecería el crédito del Estado español, y permitiría la obtención de nuevos préstamos con los que hacer frente a los gastos de la guerra carlista.

Un segundo objetivo era favorecer a la burguesía compradora de bienes desamortizados, que se convertiría así en un firme apoyo del liberalismo. Las condiciones de venta fueron muy favorables para los compradores, ya que además de los precios relativamente bajos, se permitía el pago no sólo en metálico sino también en títulos de deuda.

En la de Madoz (Bienio progresista, 1855) se desamortizaron los bienes que quedaban sin vender de la Iglesia y sobre todo los bienes municipales (tierras, dehesas, prados), lo que afectó muy negativamente a los campesinos que antes se beneficiaban de estos bienes comunales (pastoreo, recogida de leña, caza, etc.) que ahora fueron privatizados. La mayor parte de los beneficios de esta desamortización fueron invertidos en la construcción de la red de ferrocarriles.

Las desamortizaciones beneficiaron a la burguesía, tanto a la que compró tierras como a la que compró conventos en las ciudades, realizando excelentes negocios de especulación con la construcción de viviendas sobre los solares. Un efecto negativo es que derivó los escasos capitales españoles hacia la agricultura y la especulación inmobiliaria, privando de ellos a la industria.

Los campesinos empeoraron su situación, ya que los nuevos propietarios les impusieron condiciones más duras (arrendamientos a corto plazo, pagos en metálico, rentas más altas), además de la perdida de los bienes comunales.

Durante la Regencia de María Cristina de Borbón (1833-40), las leyes hicieron desaparecer definitivamente la sociedad estamental (basada en la desigualdad jurídica de las personas) y se instaura una sociedad burguesa o de clases, en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley (es decir, la ley es la misma para todos) y existe cierta movilidad social (todos los ciudadanos pueden acceder a todo tipo de cargos), si bien esta va acompañado de grandes desigualdades económicas, que a ojos de la burguesía liberal son algo natural e inevitable.

Las nuevas clases sociales se organizan en base a la riqueza:

Las clases dirigentes: Constituyen un grupo muy reducido, unos “cientos de familias” que forman la cúspide social y controlan el poder político y económico de la España isabelina. Formadas por la nobleza (que ha perdido sus privilegios pero conserva sus tierras), las altas jerarquías del ejército y la administración (los nuevos dirigentes políticos, generales del ejército, etc.) Y la alta burguesía (rentistas y terratenientes, grandes financieros surgidos del auge ferroviario y las sociedades por acciones, como el Marqués de Salamanca).

Son grupos urbanos que mantienen un modo de vida imitado de la antigua nobleza, caracterizado por el lujo. Más tarde se irán incorporando las nuevas familias enriquecidas por los negocios y los sectores enriquecidos por la industria y la banca, las burguesías periféricas, especialmente la catalana y la vasca.

Las clases medias. Son un grupo muy heterogéneo y de límites poco definidos. Forman parte de ellas grupos tales como medianos campesinos (propietarios de tierras), pequeños comerciantes y artesanos (tenderos, dueños de talleres), funcionarios públicos (siempre amenazados por la cesantía) y profesionales liberales (médicos, abogados, intelectuales). Su nivel de vida es claramente superior al de las clases populares si bien su situación es de gran precariedad pues cualquier crisis les pone en peligro de descender de clase, de proletarizarse.
Políticamente, si bien la mayoría de la clase media no vota, pues no llegan a los niveles económicos requeridos por el sufragio censitario, apoyan a los progresistas y durante el sexenio, al movimiento republicano.

Campesinos, artesanos y obreros. Constituyen la inmensa mayoría de la población. Son los pobres, urbanos o rurales, con durísimas condiciones de vida y casi nula intervención en la vida pública.

6.3. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874): la constitución de 1869. Evolución política: gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República.

La REVOLUCIÓN DE 1868 ("La Gloriosa") se inicia el 19 de septiembre de 1868, con el alzamiento del brigadier Topete en Cádiz contra el gobierno de Isabel II. Prim subleva sucesivamente Málaga, Almería y Cartagena. Las fuerzas leales a la reina fueron derrotadas en Alcolea por las fuerzas revolucionarias, a raíz de la cual el gobierno tuvo que dimitir y la reina exiliarse.

Hubo un gran protagonismo en la revolución de las fuerzas populares urbanas, que formaron Juntas revolucionarias en muchas ciudades. Este radicalismo no era compartido por los dirigentes unionistas y parte de los progresistas, que nombraron un Gobierno provisional centrista (unionistas, progresistas y algunos demócratas) con los generales Serrano y Prim al frente, marginando al resto de las fuerzas políticas. Se establecía una dualidad de poderes: las masa populares querían un cambio de régimen amplio, mientras que el gobierno provisional solo quería un cambio en la forma de monarquía a través de un cambio de dinastía.

Hubo elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino (mayores de 25 años), que dieron la mayoría a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas). Se aprobó la Constitución de 1869, de la que se puede decir: estableció un amplio régimen de derechos y libertades, proclamó la soberanía nacional y estableció una monarquía parlamentaria, teniendo las Cortes -Congreso y Senado- el poder legislativo y la primacía constitucional, y aprobó la libertad de cultos. Por último, las Cortes establecieron como regente a Serrano, quedando Prim como jefe de gobierno.

El gobierno dirigido por Prim intentó integrar a personalidades de todos los partidos, y se marcó como objetivo la reorientación de la política económica con la defensa del librecambismo y la apertura del mercado español al capital extranjero, lo que protegía los intereses de la burguesía nacional y de los inversores extranjeros. Pero esta política económica y la Constitución de 1869, frustró las ya citadas aspiraciones de otros grupos políticos y las reivindicaciones populares. Hubo una fuerte conflictividad social, en la que el movimiento obrero se radicalizó hacia posiciones internacionalistas (anarquistas y socialistas).
.
Había que encontrar un monarca que cumpliese el papel que le daba la Constitución. Prim, después de descartar a algunos (Fernando de Portugal, Leopoldo de Hohenzollern, etc), consiguió que las Cortes aprobasen la candidatura de Amadeo de Saboya.

Desde el primer momento, el REINADO DE AMADEO DE SABOYA pasa por toda una serie de dificultades: cuando llegaba a España, Prim, su principal valedor y consejero, es asesinado en un atentado; contaba con escasos apoyos (tibieza del pueblo, oposición de la aristocracia, del clero, de las camarillas cortesanas y de parte del ejército). Había problemas económicos (constante emisión de deuda pública) y, sobre todo, problemas políticos que se plasmaban en la permanente inestabilidad de los gobiernos (siete en dos años) y en la oposición de varios sectores: los moderados consideraban ilegítima la nueva dinastía y postulaban la restauración borbónica, los carlistas volvieron a la insurrección armada en el norte iniciando la tercera guerra carlista, y los republicanos y amplios sectores populares aspiraban a un cambio de sistema sociopolítico. Además, hubo una insurrección en la isla de Cuba (1868), dirigida por algunos propietarios criollos y con apoyo popular. El gobierno, partidario de conceder reformas políticas a la isla, chocó con la negativa de los sectores económicos con intereses en la isla, que frustraron una solución pacífica y convirtieron la guerra en un grave problema.

La crisis política final viene con la desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas, demócratas). Privado de todo apoyo, el 11 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono y abandonó España sin poder consolidar su proyecto de monarquía democrática.

En ausencia del monarca, las Cortes se reunieron y proclamaron por amplia mayoría la PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874). Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras, que contó para gobernar con miembros de su partido y con algunos republicanos unitarios. Las reformas emprendidas por Figueras fueron insuficientes por la falta de recursos y la desorganización del ejército, por lo que dimitió, pasando el gobierno a Pi y Margall, que se encargó de elaborar una Constitución. La Constitución Republicana Federal de 1873 no llegó a entrar en vigor.

La Primera República también tuvo que enfrentarse a graves problemas. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave. En el cantonalismo, protagonizado por pequeños comerciantes y asalariados -decepcionados por el rumbo de la República-, se mezclaban las aspiraciones autonomistas de los republicanos intransigentes, con las aspiraciones de revolución social de los internacionalistas (anarquistas y socialistas). Se proclamaron cantones –que adoptaron la forma de República independiente- en muchas ciudades españolas (Sevilla, Cádiz, Castellón, Valencia, Salamanca, etc), destacando Cartagena entre todas ellas.

Pi y Margall dimitió porque no quiso sofocar la revuelta por las armas, y su sucesor, Salmerón, inició la acción militar contra los cantones, dando un gran poder a los generales, pero dimitió, a su vez, por no querer firmar penas de muerte. La presidencia recayó en Castelar, republicano unitario, que dio un giro conservador y derechista a la República.

Ante esta situación, republicanos federales como Figueras, Pi y Salmerón, plantearon con éxito una moción de censura para acabar con el gobierno de Castelar. Ante la inminente formación de un nuevo gobierno federal, el 4 de enero de 1874, el general Pavía disolvió las Cortes por la fuerza, sin apenas resistencias. Era el fin de la I República.

BLOQUE 7.- La Restauración Borbónica: implantación y afianzamieno de un nuevo Sistema Político (1874-1902).

7.1.- La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La Constitución de 1876.

En el Manifiesto de Sandhurst (1/XII/1874), el príncipe Alfonso, aconsejado por Cánovas del Castillo, garantizaba una monarquía constitucional como garantía de los derechos e intereses de todas las clases sociales, aceptando algunos avances políticos del Sexenio. Cánovas prefería una vuelta pacífica y legal de la monarquía, con apoyo social, pero el general Martínez Campos se le adelantó en Sagunto con un pronunciamiento a favor de la monarquía. El gobierno no opuso resistencia, Alfonso fue proclamado rey y Cánovas presidente del gobierno, cuyas primeras medidas tuvieron un cariz monárquico y conservador: nombramiento de gobernadores y alcaldes, censura y cierre de periódicos, restablecimiento del Concordato, devolución a la Iglesia de bienes no vendidos, etc.

Lo primero que afrontó el nuevo régimen fue la finalización de los conflictos bélicos carlista y cubano:

La causa carlista –que había perdido legitimidad con la Restauración borbónica y su apoyo por parte del viejo general Cabrera- fue derrotada por el esfuerzo militar del gobierno, primero en Cataluña, Aragón y Valencia, y finalmente en 1876, en el País Vasco y Navarra (Carlos VII se exilió en Francia). La derrota carlista supuso la abolición definitiva del régimen foral, aunque en 1878 se estipuló un sistema de concierto económico que otorgaba cierta autonomía fiscal a las Provincias Vascas. El final de la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años, 1868-78) fue resultado de la acción militar y de la negociación (Paz de Zanjón, 1878), que incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud y la promesa de reformas políticas y administrativas, cuyo retraso o incumplimiento provocará conflictos en el futuro.

El régimen de la Restauración quedó configurado por la Constitución de 1876. Las elecciones a Cortes constituyentes (manipuladas), dieron una amplia mayoría a los candidatos gubernamentales. La Constitución de 1876 es doctrinaria, conservadora y flexible, para que pudiesen gobernar con ella los partidos que aceptasen el sistema. Sus principales características son: amplia declaración de derechos, pero restringidos posteriormente por leyes ordinarias; el principio de soberanía compartida (las Cortes con el Rey), por lo que la potestad de hacer leyes reside en ambos; las Cortes son bicamerales (Congreso elegido por sufragio directo y Senado compuesto por senadores vitalicios o elegidos por corporaciones o por los mayores contribuyentes); la Corona ejerce el poder ejecutivo; hay independencia del poder judicial; el centralismo se acentúa y se afirma la confesionalidad católica del país con una cierta tolerancia religiosa.

Además de la Constitución, y desde un punto de vista teórico, los fundamentos políticos del sistema canovista son: el asentamiento firme de la monarquía. La monarquía y las Cortes eran los dos pilares básicos de la historia de España (su “constitución interna”), y ambas debían compartir la soberanía. El sistema acogía a todos los partidos burgueses, siempre que aceptasen la monarquía y la alternancia en el gobierno (turno pacífico). Estos partidos pasan a llamarse “partidos dinásticos”. Con ellos se quería asegurar la gobernabilidad en la vida política española, evitando los exclusivismos –especialmente de los moderados- que habían hecho imposible la alternancia en el poder y había empujado a los progresistas a recurrir al pronunciamiento. El ejército debía dejar de injerir en la vida política y volver a los cuarteles, y para ello el Gobierno debía garantizar el orden social y la posibilidad de acceso pacífico al Gobierno.

En conclusión, Cánovas quería vertebrar un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas endémicos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados, el intervencionismo de los militares y la proliferación de enfrentamientos civiles.

Pero desde un punto de vista práctico, los fundamentos políticos canovistas eran: adulteración del funcionamiento constitucional. Así, los gobiernos no cambiaban porque tuvieran o no el apoyo de las Cortes sino que, cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el gobierno, conseguía de la Corona el nombramiento de un nuevo gobierno, cuyo presidente era siempre el líder de la oposición; este decretaba la convocatoria de nuevas elecciones, en las que su ministro de Gobernación “fabricaba” los resultados electorales (encasillado). Además, se manipulaban las elecciones a través de una extensa red de “caciques”, obteniendo, invariablemente, una amplia mayoría para el partido gobernante. El “pucherazo” se lograba de varias maneras: trato más favorable a los distritos rurales, manipulación, trampas electorales, etc. Los caciques -notables del medio rural con una gran influencia política y social- orientaban la dirección del voto, agradeciendo la fidelidad electoral con “favores” o discriminando a los que no respetaban sus intereses. Su acción fue más fuerte en Andalucía, Galicia y Castilla.

El Partido Conservador (antiguo Partido Alfonsino), de Cánovas, gobernó hasta 1881, de manera represiva: cierre de periódicos, restricciones a la libertad de cátedra, recortes en la libertad de reunión y asociación (obreras) y abolición de los fueros vascos. Solo tenía derecho a voto el 5% de la población, y el Gobierno elegía a los alcaldes de las grandes ciudades.
El proyecto bipartidista requería un partido más progresista o izquierda dinástica. En mayo de 1880 se fundó el Partido Fusionista, que pronto se llamaría Partido Liberal, liderado por Sagasta. Aceptaron la monarquía alfonsina y la alternancia en el poder (turno de partidos).Los partidos dinásticos, dentro de una gran coincidencia ideológica (defensa de la Monarquía, de la Constitución, de la propiedad privada, del Estado liberal y centralista, etc) actuaban con algunas diferencias: los conservadores eran inmovilistas, y los liberales más reformistas en lo social. Por ello, en 1881 Cánovas dimitió y dejó paso al primer gobierno del Partido Liberal que, en sus diferentes gobiernos llevaron a cabo iniciativas como las siguientes: terminar con las restricciones a la libertad de expresión y de asociación, eliminar el control de la enseñanza por parte del gobierno y, la más importante, aprobar la Ley de Sufragio Universal, pero no se fue más lejos, e incluso se reprimieron las protestas populares y republicanas.

En noviembre de 1885 murió Alfonso XII, quedando como regente, de 1885 a 1902, su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo. Para estabilizar el régimen, los dos líderes, Cánovas y Sagasta, establecieron el Pacto de El Pardo, por el que se comprometían a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el gobierno y a no echar abajo la legislación que cada uno de ellos aprobase cuando estuviese en el poder. Ambos partidos cumplieron lo acordado a través de la corrupción política y el falseamiento de la voluntad popular, que amortiguó los efectos democratizadores del sufragio universal masculino (1890). Ambos partidos se alternaron pacíficamente en el poder, hasta que el estallido de la insurrección en Cuba, en 1895, puso a prueba el sistema político canovista.

 

7.2.- La Restauración Borbónica (1874-1902): los nacionalismos catalán y vasco y el regionalismo gallego. El movimiento obrero y campesino.

La oposición al sistema canovista vino de los partidos no turnistas (carlistas y republicanos,  poco activos)  y muy especialmente, de los nuevos movimientos políticos surgidos durante la Restauración: el movimiento obrero (socialista  y  anarquista) y  los movimientos nacionalistas. Durante la Restauración surgieron los movimientos nacionalistas vasco y catalán y el regionalismo gallego.

Nacionalismo catalán. Su origen está en el movimiento cultural de la Renaixença (el renacimiento) que buscaba la recuperación de la lengua y cultura catalanas. Posteriormente el movimiento cultural desembocó en un movimiento político,  que reivindicaba el autogobierno de Cataluña y el reconocimiento oficial de la lengua catalana. Estas aspiraciones fueron recogidas en un documento, las Bases de Manresa (1892). El nacionalismo catalán tuvo al principio un carácter moderado y autonomista, buscando la autonomía de Cataluña dentro de España. Su idea era establecer una federación con el resto del estado, manteniendo para Cataluña el autogobierno, la lengua catalana, funcionarios catalanes, parlamento y gobierno autónomos. Por otra parte se llevaría a cabo un pacto con el resto del estado con respecto a las contribuciones económicas, defensa, etc. Más adelante el nacionalismo catalán crea un partido político, la Lliga Regionalista liderada por Prat de la Riba y por Cambó, que se opuso al sistema de manipulación electoral sistemática, característico de la Restauración. Poco a poco, el caciquismo se irá rompiendo en Cataluña y la Lliga conseguirá alcanzar cargos electos (alcaldías, o diputados en el Congreso), con el apoyo de la burguesía catalana. En  1912 se alcanzó una especie de gobierno autónomo, la llamada Mancomunidad catalana, que duró hasta la dictadura militar de Primo de Rivera, ya que el ejército se convirtió en el principal enemigo del nacionalismo catalán.

Nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco tiene sus antecedentes ideológicos en la pérdida definitiva de los fueros (en 1876, tras la derrota definitiva del carlismo) y en la ideología carlista.  Su creador fue Sabino Arana, que en 1895 fundó el PNV (Partido Nacionalista Vasco). Arana fue el creador no sólo del partido sino también de la ideología y mitología nacionalista, de sus símbolos (la ikurriña, el propio nombre de Euskadi), la onomástica, la reinterpretación de la historia etc...

El nacionalismo vasco fue muy diferente del catalán desde el principio. Tiene un carácter separatista (su objetivo era lograr la independencia de Euskadi), fuertemente católico y tradicional (su lema fue “Dios y leyes Viejas”, “Jaungoikua eta Lagi zarra”)  y con un fuerte componente racista (existencia de una supuesta raza vasca, cuya seña de identidad principal sería el euskera)  y xenófobo (rechazo a los inmigrantes españoles -“maketos”- que llegaban a Vizcaya para trabajar en la industria, fuerte antiespañolismo). Su trayectoria política fue muy escasa hasta la guerra civil. El prematuro fallecimiento de Sabino Arana originó divisiones dentro del PNV y hasta la II República y la Guerra Civil no tuvo importancia política.  El nacionalismo vasco contó con el apoyo de la iglesia (es un partido confesionalmente católico), sectores del campesinado y, sobre todo, de la burguesía bilbaína, asustados del fuerte crecimiento del socialismo entre los obreros industriales, que se oponían fuertemente al nacionalismo.

Regionalismo gallego. Tuvo mucha menos importancia que los dos movimientos anteriores. Surge de un movimiento cultural de recuperación de la lengua y cultura gallegas (Rexurdimento), cuyo principal exponente fue Rosalía de Castro. Posteriormente el galleguismo tomará un carácter político, con la reivindicación de una autonomía de gobierno y el uso de la lengua gallega, muy vinculado al republicanismo federal que culminará con la creación de una Asociación Regionalista Gallega (Manuel Murguía y Alfredo Brañas), que incorporaba también elementos de ideología conservadora, y las Irmandades da Fala, que lucharon por la utilización del gallego. Hasta la II República no tendrá demasiada importancia política.

La industrialización en España se inició durante el reinado de Isabel II, de forma tardía y con lentitud, por lo que el número de obreros industriales era escaso (salvo Barcelona) y el movimiento obrero inexistente hasta el Sexenio democrático. Políticamente, los obreros se limitaban a apoyar a los partidos burgueses más radicales (los progresistas primero, demócratas y republicanos federales durante el sexenio).También se produjeron movimientos campesinos de protesta espontáneos y desorganizados, sobre todo en la mitad sur.

En el Sexenio democrático, es cuando se empieza a organizar el movimiento obrero. La AIT (I Internacional, creada por Marx y Bakunin para aglutinar el movimiento obrero internacional) envió delegados a España que crearon secciones en Madrid y Barcelona (hacia 1870, 30.000 afiliados, la mayoría en Cataluña).En los movimientos cantonales  intervinieron  miembros de la AIT.

En la Restauración, pese a que inicialmente fueron ilegalizados los  partidos y sindicatos obreros, se consolida el movimiento obrero. La ruptura de la I Internacional  como consecuencia de las discrepancias entre marxistas y anarquistas también afectó al movimiento obrero español, que se dividió en dos bloques: anarquistas y socialistas.  El movimiento obrero anarquista era mayoritario, especialmente entre el proletariado industrial de Barcelona y los jornaleros andaluces. Se oponían a la formación de partidos y a la intervención en política. Sus métodos de lucha eran la huelga general revolucionaria y la acción directa(violencia terrorista). En la última década del siglo fueron muy numerosos los atentados anarquistas, especialmente en Barcelona (bomba del Liceo, asesinato de Cánovas del Castillo), desencadenándose una durísima represión. En 1909 tuvo lugar la Semana trágica en Barcelona, estallido revolucionario espontáneo en el que durante una semana la ciudad estuvo en mano de los sublevados, si bien la falta de organización impidió lograr resultados positivos. En 1910 se creó el primer sindicato anarquista, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

El movimiento obrero socialista (marxista) se organizó mediante la creación del partido socialista (PSOE, fundado por Pablo Iglesias  en 1879) y  el sindicato  UGT, en 1888. El socialismo se implantó principalmente entre los obreros industriales de Madrid, Bilbao y Asturias. El establecimiento del sufragio universal y la crisis del caciquismo les permitieron obtener representación en el Congreso (1910), en coalición con los Republicanos (coalición republicano-socialista), donde trataron de promover leyes que mejorasen las condiciones de vida del proletariado.

7.3.- El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La Crisis de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas.

GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898.

Tras la Paz de Zanjón (1878), los naturales de Cuba esperaban una serie de reformas: representación política en las Cortes, participación en el gobierno de la isla, libertad de comercio y abolición de la esclavitud (que llegó en 1886) que fueron desoídas por la administración colonial debido a la oposición de terratenientes y comerciantes peninsulares. Esto estimuló los deseos independentistas de los cubanos, liderados por José Martí. El respaldo de Estados Unidos, que veían la posibilidad de explotar la isla exclusivamente, fue en principio diplomático, pero cuando en 1891 el gobierno de Cánovas prohíbe a la isla el libre comercio con EE.UU., el apoyo pasó a ser material y propagandístico. Los propios cubanos tomaron dicha prohibición como una vuelta al estatuto colonial. En febrero de 1895, se produjo el levantamiento independentista en Cuba (Grito de Baire). La guerra cubana atravesó varias fases:

En un principio el gobierno liberal intentó una política de negociación con el general Martínez Campos. Pero éste fracasó y se negó a aplicar medidas represivas. Además, en 1896, la situación se agrava con la insurrección de Filipinas (1896), liderada por José Rizal. Después de la represión se consigue una pacificación momentánea del archipiélago.

En un segundo momento, se llevó a cabo una política de recuperación de territorios, represiva y de desgaste a cargo del general Weyler. Para evitar que los insurrectos aumentasen sus adeptos en el mundo rural, recluyó a los campesinos en campos de concentración y zonas de exclusión. Aun así, la guerra no era favorable a los soldados españoles, y cuando el número de bajas fue aumentando, hubo protestas en España y el consenso liberal-conservador sobre la cuestión cubana se rompió. En 1897, Sagasta puso en marcha un nuevo proyecto de autonomía más amplio, con gobierno y parlamentos propios, los mismos derechos que los peninsulares y autonomía arancelaria.

En un tercer momento, EE.UU. decide intervenir, apoyado por una campaña de prensa tendenciosa que presionaba a favor de la guerra. El incidente que provocó el estallido fue la explosión del acorazado estadounidense Maine, anclado en La Habana. EE.UU. atribuyó toda la responsabilidad a España, a la que, en principio, hizo una propuesta de compra de la isla y, ante la negativa española, lanzó un ultimátum de guerra si España no renunciaba a la soberanía sobre Cuba. El enfrentamiento era inevitable. El desarrollo de las operaciones, tanto en Filipinas como en Cuba, fue rápido y contundente a favor de EE.UU. En Filipinas, los estadounidenses tomaron Cavite el 1 de mayo, destrozando la flota española. En Cuba, la flota española, tras permanecer sitiada en Santiago, acabó siendo derrotada el 3 de julio. En el Tratado de París (diciembre de 1898), España renunciaba definitivamente a Cuba y cedía a EE.UU. las Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Era el Desastre del 98.

¿Cuáles fueron las CONSECUENCIAS DEL DESASTRE COLONIAL?: perjuicios psicológicos y morales: supervivientes mal atendidos, mutilados, desnutridos; el país se encontraba desmoralizado y consciente de su debilidad. Se relega a España a un papel de potencia secundaria; pérdidas materiales: pérdida de los ingresos y mercancías procedentes de las colonias y de los mercados privilegiados que suponían; crisis política: afecta sobre todo a los liberales, y supone la desaparición de la primera generación de dirigentes de la Restauración y, además, el Desastre alentó el crecimiento de los movimientos nacionalistas; y, por último, desprestigio militar, ya que era evidente que el Ejército no se mostró preparado en absoluto, lo que dañó su imagen; los militares, a su vez, culpaban de la derrota a la ineficacia y corrupción de los políticos, por lo que defendían tener una mayor presencia y protagonismo en la vida política del país.

Sorprendió la pasividad con que la opinión pública reaccionó a la pérdida del Imperio colonial; se aceptó la derrota con resignación y fatalidad. La convulsión se produjo entre los políticos e intelectuales. En la política nacional, el Desastre pudo tener mayores efectos si las fuerzas políticas ajenas al sistema –republicanos, carlistas y movimientos obreros- hubieran sacado mayor partido de la situación, pero mostraron mucha debilidad como para provocar ningún cambio político. Los cambios desde las fuerzas políticas del sistema la protagonizará Silvela, Canalejas, etc, y ya hablaremos de ellos en el tema 14.

Lo más significativo fueron los cambios postulados desde los intelectuales, donde destacaron los llamados regeneracionistas, con Joaquín Costa a la cabeza. Para ellos el origen del problema estaba en el aislamiento del cuerpo electoral del país, la corrupción de los partidos dinásticos y el atraso económico y social de España respecto a los países más avanzados de Europa. Insistían en que la psicología colectiva española debía enterrar las “glorias pasadas” y “regenerarse”. Proponían la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa junto con la mejora del campo español (“escuela y despensa”), la ayuda social, las obras públicas y, en definitiva, toda política encaminada al bien común. Lo malo de los regeneracionistas es que se quedaron en la teoría, por lo que su crítica fue estéril.
Hubo una rica literatura de “los males de la patria” que encontró su mejor ejemplo en la llamada generación del 98, y que revela la crisis espiritual común a muchas intelectuales europeos a comienzos del siglo XX.

En mayo de 1902 Alfonso XIII era proclamado rey al cumplir la mayoría de edad.

BLOQUE 8.- PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE.

8.1.- Evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX. El desarrollo urbano.

Por lo que respecta al CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, la población española creció a lo largo del siglo XIX, ya que pasó de unos 11 millones de habitantes a unos 18,6 en 1900. Pero fue un crecimiento lento - inferior al de los países europeos e insuficiente para crear un mercado nacional- porque la tasa de mortalidad era muy elevada (28-29 por mil), incluyendo la mortalidad infantil, y ello por varios motivos: primero, las continuas guerras dentro y fuera del país; segundo, las enfermedades infecciosas, como el cólera, la tuberculosis y la fiebre amarilla, que afectaban a las clases populares, desnutridas y expuestas a la infección por la falta de cualquier medida higiénica y sanitaria; tercero, las crisis de subsistencias causadas por las malas cosechas debidas a una agricultura tradicional que no generaba excedentes, y sí carestías y hambrunas.

También había una elevada tasa de natalidad (32-35 por mil) debido a: los hijos aseguraban la vejez en las familias pobres; la Iglesia impedía cualquier control de la natalidad; hasta 1853 se prohibió emigrar al exterior. A partir de ese momento se inicia una lenta corriente migratoria, protagonizada por familias campesinas, hacia el norte de África y América.

Fue en las décadas finales del siglo, con la proliferación y abaratamiento de los medios de transporte, cuando la emigración aumentó de forma significativa. En el interior dio lugar a un éxodo rural que explica el fuerte crecimiento de las ciudades periféricas (Sevilla, Bilbao, Valencia, Barcelona), puesto que su crecimiento económico era mayor y sostenido, y de Madrid, tanto por el auge industrial como por la demanda de servicios. El crecimiento urbano es constante, aunque lento. A veces el movimiento migratorio se debe más a factores de rechazo en el medio rural que a la demanda de trabajadores en las ciudades.

Este modesto crecimiento urbano obligó al derribo de las antiguas murallas y a la realización de ensanches urbanos. El más importante fue el de Barcelona (el “Ensanche” del Plan Cerdà), con su característico plano en cuadrícula. En estas ciudades se produjo una marcada segregación social entre barrios residenciales burgueses (planificados, dotados de servicios y con buenas viviendas) y suburbios obreros (cercanos a las industrias, sin planificación ni servicios urbanos, infraviviendas).

No hay que olvidar que con la industria moderna aparece la mano de obra asalariada con unas condiciones de trabajo muy duras: salarios muy bajos, trabajo de mujeres y niños, jornada laboral de 12-14 horas, despido a la más mínima oposición, desprotección frente al paro, vejez o invalidez, etc. Además, estos obreros vivían en barrios hacinados, careciendo de servicios mínimos y expuestos a todo tipo de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el cólera. Es así como aparece el proletariado, y con él la GÉNESIS DEL MOVIMIENTO OBRERO.

En las décadas finales de siglo, la tensión entre el aumento de la población y las escasas oportunidades de empleo obligó a muchos españoles a emigrar al exterior (se deroga la prohibición de emigrar en 1853). En un primer momento, a mediados del siglo XIX, la emigración, básicamente de levantinos, se dirige a Argelia, donde en 1900 vivían 160.000 españoles. Sin embargo, el mayor flujo migratorio se dirige a América, siendo el principal foco de emigración Galicia, seguida de Asturias, Cantabria y Canarias, dirigiéndose sobre todo a Argentina, México, Cuba y Brasil. Con el estallido de la Primera Gurerra Mundial se invierte la situación. Pero se calcula que hasta 1929 fueron más de un millón de personas las que se lanzaron a “hacer las Américas”. La emigración a Europa fue escasa y selectiva, siendo Francia el principal destino.

8.2.- La Revolución Industrial en la España del siglo XIX. El sistema de comunicaciones: el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La aparición de la banca moderna.

Durante el reinado de Isabel II se inició  la industrialización en España, con  retraso respecto al resto de Europa Occidental y con un desarrollo muy lento. Las causas fueron la escasez de capitales  españoles (ya que en su mayoría se invirtieron en la compra de bienes desamortizados), de materias primas  -en especial carbón- y la escasa capacidad de consumo del mercado español. Los tres principales sectores industriales de España en el siglo XIX fueron:   

- La industria textil, concentrada entorno a Barcelona. Fue donde primero se introdujo la mecanización (máquinas de vapor, telares mecánicos), que convirtió a Barcelona en el principal centro industrial de España

- La siderurgia. Menor desarrollo, al no haber una importante mecanización que demandase hierro y acero. Los primeros altos hornos de España se crearon en Marbella (hacia 1830) y utilizaban carbón vegetal como combustible, lo que generaba elevados costes de producción. Hacia 1860 en  Asturias se inició la construcción de altos hornos empleando como combustible el carbón mineral asturiano, lo que arruinó a la siderurgia andaluza. Finalmente, en la década de 1880 se crearon los altos hornos de Vizcaya, que empleaban el mineral de hierro de las minas recién descubiertas en la orilla izquierda de la Ría de Bilbao y el carbón asturiano y británico que importaban por el puerto de Bilbao.

- La minería. Las principales minas de carbón se localizaban en Asturias,  pero el carbón asturiano era de escasa calidad y elevado coste de extracción. Durante el último cuarto del siglo XIX se produjo un gran desarrollo de la minería de metales (hierro, cobre, plomo, plata), produciéndose el hallazgo  y explotación de numerosas minas en el sur (Sierra Morena) y sureste (Murcia-Almería). La explotación de estas minas estaba en la mayoría de los casos en manos de empresas extranjeras (p. Ej. Río Tinto) que extraían el mineral destinado a la industria europea, aprovechando la mano de obra barata y sin generar desarrollo económico en España.

La construcción de ferrocarriles en España fue un proceso lento y tardío. Los primeros  tramos construidos eran muy cortos: Barcelona-Mataró (1848), Madrid- Aranjuez (1851) y Gijón- Langreo (1853). Sin embargo, a raíz de la Ley de ferrocarriles de 1855  se inicia un boom en la construcción ferroviaria. Con un ancho de vía superior al del resto de Europa, la red tenía estructura radial. La construcción fue realizada por empresas privadas, constituidas como sociedades por acciones, cuyo capital era mayoritariamente extranjero. El estado aportaba una subvención del 20% del coste total a fondo perdido y daba facilidades para la importación de material ferroviario del extranjero. Se calcula que el 40% del capital procedía del exterior y el otro 40% era de origen nacional, obtenido en la bolsa.  Entre 1855 y 1866 se construyó la red básica de ferrocarriles. España dispuso, por vez primera, de una red eficaz de transporte que permitió la creación de un verdadero mercado nacional. Sin embargo, hay aspectos negativos, ya que  los escasos capitales disponibles se invirtieron en el ferrocarril (en lugar de en la industria), los materiales ferroviarios se importaron (con lo que no se desarrolló la siderurgia española) y, cuando los ferrocarriles empezaron a funcionar, su nivel de utilización fue muy bajo (escaso volumen de mercancías), con lo que las empresas no obtuvieron grandes beneficios.

Un tema central de la política económica durante el siglo XIX fue el debate librecambismo –proteccionismo. Los librecambistas defendían poner bajos aranceles (= impuestos aduaneros) a la entrada de productos extranjeros, lo que estimularía la competitividad de la industria española y la población consumiría  productos mejores y más baratos. Los proteccionistas, por el contrario, son partidarios de poner elevados aranceles a la entrada de productos extranjeros, para proteger la producción nacional. En términos generales, los progresistas fueron partidarios del librecambismo (p. ej. Regencia de espartero, sexenio democrático), mientras que los moderados  y conservadores tendían al proteccionismo. Los cerealistas castellanos, industriales catalanes (textil), vascos (siderurgia) y la minería asturiana siempre presionaron a los gobiernos para establecer políticas proteccionistas, ya que la pérdida del imperio colonial, reducido durante el siglo XIX a Cuba, P. Rico y Filipinas) hizo imprescindible la protección del mercado nacional. En general, predominó el proteccionismo durante la mayor parte del siglo XIX.

La banca cumple tres tareas fundamentales en la economía: capta el ahorro de particulares, lo capitaliza mediante la concesión de créditos y facilita los medios de pago  (letras, cheques, papel moneda…). La banca moderna se desarrolló a partir de la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (Bienio progresista). El Banco de España (entonces un banco privado) obtuvo el monopolio de emisión de billetes (que muy lentamente fueron sustituyendo a la moneda metálica). También surgieron diversos bancos ligados a las necesidades de financiación de la industria vasca (Bancos de Bilbao, Vizcaya y Santander).

III EVALUACIÓN

BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902- 1931).

9.1.- Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los partidos dinásticos. Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas.

Alfonso XIII inició su reinado en 1902 con expectativas regeneracionistas, pronto defraudadas, produciéndose la crisis del sistema político de la Restauración, con una creciente oposición política y un aumento de la conflictividad social.

Tras la muerte de Cánovas y Sagasta, no hubo líderes enérgicos que los sucedieran En los primeros años del reinado se produjeron intentos de reforma del sistema desde los propios partidos del turno, conservadores y liberales. El conservador Antonio Maura, inició una serie de reformas sociales (reforma electoral, leyes de protección a los trabajadores, etc.) orientadas a realizar una “revolución desde arriba”, con el fin de que no se imponga desde abajo. El gobierno de Maura cayó como consecuencia de la “Semana Trágica” (Barcelona, 1909) rebelión popular contra el envío de soldados a Marruecos, que triunfó e hizo que durante una semana la ciudad estuviese en manos de los sublevados, si bien la falta de objetivos y de organización hizo fracasar la rebelión. La respuesta del gobierno Maura fue una brutal represión, con detenciones masivas y torturas a los detenidos. Se tomó por cabeza de turco a Ferrer i Guardia, pedagogo anarquista creador de la Escuela Moderna quien, pese a no tener relación alguna con los sucesos, fue fusilado. El rechazo popular a las duras medidas del gobierno, produjo la caída de Maura.

El segundo intento de reforma del sistema desde fue el del liberal José Canalejas (limitación a las órdenes religiosas, reforma del servicio militar, reformas laborales, etc.), que fracasaron tras el asesinato de Canalejas por un anarquista en 1912.

Tras la caída de Maura y la muerte de Canalejas los partidos dinásticos conservador y liberal se dividieron en pequeños grupos o facciones, organizadas en torno a un líder, que competían por el poder. La intervención del rey en la política fue cada vez mayor, ya que nombraba al presidente del gobierno, dando lugar a gobiernos débiles, inestables y de corta duración, lo que favoreció la intervención del ejército en la política.

Ahora bien, desde finales del siglo XIX habían surgido una serie de partidos “no turnistas”, que fueron la verdadera oposición al sistema, y que en el siglo XX alcanzaron mayor desarrollo. El poder fue incapaz de responder antes estas transformaciones, con lo que la mayoría de los nuevos movimientos políticos y sociales quedaron al margen de la vida política “oficial”. Estos partidos son:

- Republicanos: poco activos a final del siglo XIX, resurgieron con la creación del Partido Radical de Alejandro Lerroux, fuertemente anticlerical, anti catalanista (surgió en Barcelona) y demagógico (discurso muy radical y revolucionario que contrasta con una práctica muy moderada). Tuvo gran implantación entre los trabajadores de Barcelona.

- El nacionalismo catalán (la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba, partido burgués y moderado) tuvo un gran crecimiento a principios de siglo, lo que molestó al ejército. El gobierno cedió a las presiones militares y promulgó la Ley de Jurisdicciones, que establecía que los delitos contra la nación y el ejército serían juzgados por tribunales militares. Como respuesta, todos los partidos catalanes (menos los turnistas y el partido Radical) formaron una gran coalición, Solidaritat Catalana, que arrasó electoralmente. En 1914 se creó la Mancomunidad de Cataluña, una especie de moderado autogobierno, a cuyo frente estuvo la Lliga Regionalista.

- El nacionalismo vasco, organizado en el PNV, tuvo menos importancia política y tras la muerte de Sabino Arana se dividió en dos ramas, una independentista y otra más moderada y autonomista.

- Socialistas: El PSOE logró acceder a las Cortes en 1910, logrando su primer escaño (en coalición con los republicanos) y desde entonces obtuvo siempre representación electoral, sobre todo en las grandes ciudades (Madrid) y zonas industriales (Vizcaya, Asturias). El PSOE y la UGT, dirigidos por Pablo Iglesias, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero siguieron una línea política moderada y reformista.

Sin embargo, desde 1917 sufrieron un proceso de radicalización, como consecuencia de la revolución soviética, lo que les llevó a la huelga general de 1917. Dentro del partido se produjo una escisión del sector más radical, creándose el Partido Comunista de España (PCE).

- Anarcosindicalistas: A principios de siglo fue decayendo entre el movimiento obrero anarquista la vía violenta (atentados terroristas) y fue creciendo la otra forma de actuación, el Anarcosindicalismo. En 1910 se creó la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que fue el mayor sindicato obrero de España hasta la guerra civil. La CNT no participó en la vida política y actuó mediante la realización de huelgas revolucionarias (“trienio bolchevique”) y el enfrentamiento directo con la patronal (pistolerismo en Barcelona)

 

9.2.- La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. La crisis de 1917 y el Trienio Bolchevique.

A partir de la Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado hispanofrancés (1912), se estableció un protectorado francoespañol en Marruecos, en el que a España le correspondía el Rif, la zona montañosa y abrupta del norte. España esperaba conseguir en esta zona beneficios económicos, recuperar el prestigio del ejército y convertir a España en una potencia colonial. Pero el ejército español estaba mal pertrechado y preparado, y sufrió los ataques continuos de las cabilas rifeñas, que en 1909 derrotaron a los españoles en el Barranco del Lobo (origen de la Semana Trágica). Al comenzar la década de 1920, las tribus rifeñas eran dirigidas por Abd el-Krim, y el ejército español por el general Silvestre. Este era partidario, al igual que el rey, de atacar a las cabilas rifeñas, por lo que inició una ofensiva irresponsable hacia el interior del territorio que acabó con el desastre de Annual, donde se perdió todo el territorio ocupado y el ejército español tuvo 13.000 muertos.

Cuando en 1923, en medio de la inestabilidad política y de la tensión social, el caso de Annual se iba a discutir en el Parlamento (expediente Picasso), pudiendo las responsabilidades implicar al propio Alfonso XIII, se movilizaron sectores del ejército y de la derecha, que apostaban por una dictadura militar como solución a la crisis. El golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 puso fin al tema de las responsabilidades por el desastre.

En 1914 estalló la I Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral. Sin embargo, la opinión pública se dividió entre germanófilos y los aliadófilos. Pero el principal impacto de la guerra en España fue el gran desarrollo económico que se produjo entre 1914 y 1917, ya que España suministraba a ambos contendientes alimentos, carbón, tejidos y productos manufacturados en general. Esta súbita prosperidad tuvo consecuencias positivas (desapareció el déficit comercial, se fortaleció la peseta…) y otras negativas: se produjo una fuerte inflación, que perjudicó a los obreros y a las clases medias, que vivían de sueldos fijos (funcionarios, militares…).Esto generó un intenso malestar social que estalló en 1917.

En 1917, se produjo la más grave crisis política y social del sistema de la Restauración, causada por el estallido de tres conflictos simultáneos: el conflicto con los militares, la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña y la huelga general revolucionaria de los sindicatos obreros.

El “trienio bolchevique” (1919-1921).

El sistema político de la Restauración había quedado herido de muerte después de 1917. La conflictividad social fue muy intensa, ya que a los problemas internos de España había que sumar el impacto de la Revolución bolchevique (=comunista) en Rusia, de la que surgió el primer estado socialista del mundo. La revolución bolchevique afectó a toda Europa y en España, se produjo una división dentro del PSOE, surgiendo el Partido Comunista Español (PCE).

Entre la burguesía y los sectores conservadores se produjo el pánico ante la revolución, lo que les llevó a apoyar políticas enérgicas que pudieran frenar la amenaza comunista, cuyo principal ejemplo será la creación en Italia del partido fascista de Mussolini.

Los años del “trienio bolchevique” fueron de gravísimos conflictos sociales, que se manifestaron en grandes huelgas en la industria (por ejemplo, la huelga de La Canadiense dejó sin electricidad durante una semana a Barcelona) y revueltas campesinas en Andalucía, con ocupación de latifundios. Son también los años del pistolerismo en Barcelona, en los que los patronos contrataban pistoleros (con frecuencia excombatientes alemanes) que se enfrentaban con los dirigentes sindicales, anarquistas especialmente. Además, durante estos años se produjeron la epidemia de gripe de 1918, la crisis económica tras el final de la guerra europea (fuerte aumento del paro) y graves derrotas en guerra de Marruecos (desastre de Annual, 1921). Finalmente los sectores más conservadores, asustados ante la grave situación, optaron por una solución autoritaria y apoyaron al general Primo de Rivera, quién dio un golpe de estado en septiembre de 1923, estableciendo una dictadura militar que puso fin al sistema político de la Restauración.

9.3.- La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII.

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional; Alfonso XIII aceptó el Directorio Militar, que suspendió el régimen parlamentario constitucional.

La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos fases sucesivas:

En la primera, hasta 1925, gobernó el Directorio Militar, cuyas primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de los partidos políticos y de los sindicatos, etc. Hubo una militarización del orden público y una represión del obrerismo más radical. El Estatuto Municipal de 1924 quería eliminar el caciquismo suspendiendo los ayuntamientos y procesando a los funcionarios corruptos, pero todo quedó en una gran farsa, sustituyendo a unos caciques por otros y no cuestionando el poder de la oligarquía terrateniente e industrial. Se reprimió cualquier manifestación cultural (como el uso de la lengua catalana) y política del catalanismo.

En esta primera etapa, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera. En un principio estuvo a punto de abandonar y negociar, pero en 1925, en colaboración con Francia, organizó con éxito el desembarco de Alhucemas. Abd el-Krim se rindió a Francia, y en 1927 se dio por concluida la ocupación efectiva de todo el protectorado español.

En la segunda etapa, desde 1925, se pasó al Directorio Civil, con personalidades civiles en algunos ministerios, pero sin abandonar el autoritarismo militar. Se intenta institucionalizar el régimen para darle continuidad y permanencia, siguiendo como modelo el fascismo italiano. Se crea así un partido único, la Unión Patriótica, partido gubernamental sin un programa ideológico definido. Sus afiliados eran católicos, funcionarios de la administración y caciques.

En materia económica, la dictadura aprovechó la buena coyuntura económica internacional. Se quiso desarrollar la economía a través de la nacionalización de importantes sectores y de la intervención estatal por el fomento de las obras públicas (carreteras, embalses) y la promoción del regadío. Al mismo tiempo, se concedieron grandes monopolios (Telefónica, Campsa). Algunos aspectos negativos de esta política económica fueron: excesivo gasto, elevado déficit público, balanza comercial deficitaria, etc.

El final de la dictadura se produjo cuando Alfonso XIII se convenció de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la propia Monarquía, ya que cada vez tenía menos partidarios y había perdido el apoyo de la cúpula militar; el rey retiró su confianza a Primo de Rivera, que acabó dimitiendo el 30 de enero de 1930. Le sustituyó el general Berenguer, cuyo objetivo era la vuelta al régimen constitucional, pero la mayoría de los partidos conservadores y liberales desconfiaban del rey y se negaban a participar en el gobierno. Eran muchos los ciudadanos que consideraban caduco el sistema derribado en 1923 y esperaban una renovación.

Los representantes de los principales partidos de la oposición –republicanos, catalanistas y socialistas- suscribieron, en agosto de 1930, el Pacto de San Sebastián, en el que se decidió organizar un Comité Revolucionario encargado de contactar con los militares republicanos y con los líderes obreros para organizar un levantamiento. En los últimos momentos el PSOE decidió sumarse al Pacto, y la CNT lo apoyó sin integrarse en él.

En diciembre de 1930 fracasa un levantamiento cívico-militar en Jaca y Madrid, y que conlleva el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández y la detención del Comité Revolucionario (puestos en libertad tras el juicio). Berenguer dimite al negarse a convocar elecciones a Cortes constituyentes, y fue sustituido por otro militar, el almirante Aznar, que convoca elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Dichas elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía, y ésta última salió derrotada: Alfonso XIII partió al exilio y el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española.

BLOQUE 10.- LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931 - 1939).

10.1.- La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931 - 1935).

El 12 de abril se celebraron elecciones municipales y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, donde el control caciquil era inexistente. Era evidente la apuesta por un cambio de signo y el rechazo a la Corona. El gobierno renunció al empleo de las armas y reconoció la derrota, por lo que en muchas ciudades se proclamó de forma masiva, pacífica y espontánea la Segunda República el 14 de abril. Alfonso XIII partió para el exilio.

Se formó un gobierno provisional con miembros de la conjunción republicano-socialista, junto a nacionalistas catalanes y gallegos y algún radical como Lerroux. Dicho gobierno decretó medidas de urgencia (amnistía general para los presos políticos, proclamación de libertades políticas y sindicales, designación de altos cargos), y proyectó tareas urgentes como la reforma del ejército, las negociaciones con los nacionalistas, la protección de los campesinos expulsados, etc. Desde el principio, el ambiente fue de una gran tensión: los anarquistas presionaban con huelgas exigiendo cambios rápidos y radicales; y la derecha, formada por patronos, militares, terratenientes y, sobre todo, la Iglesia, se opuso frontalmente a la República desde el primer momento.

Las elecciones a Cortes constituyentes del 28 de junio de 1931 fueron las más limpias de la hasta entonces historia de España y tuvieron una alta participación (70%). El sistema electoral premiaba las coaliciones electorales y dio la victoria a la coalición republicano-socialista (250 diputados sobre 464), y castigó a las derechas con una representación menor a su arraigo real en el país.

Se nombró jefe del gobierno a Niceto Alcalá Zamora, y se elaboró un proyecto de Constitución que fue aprobada en diciembre de 1931. La CONSTITUCIÓN DE 1931 era claramente democrática y progresista, como ya demuestra en el artículo primero, en lo que es una declaración rotunda de soberanía popular: “España es una República democrática de trabajadores de todas clases”. Los aspectos más destacados de la Constitución de 1931 son:
El Estado se configura de forma “integral”, aceptando la posibilidad de gobiernos autónomos en algunas regiones. Se prohibía la federación de regiones autónomas. El Estado marcaba cuáles eran sus competencias exclusivas y, a partir de ahí, las regiones autónomas, mediante un estatuto, podría asumir otras competencias.

Todos los poderes emanaban del pueblo. El poder legislativo reside en las Cortes, unicamerales, elegidas por sufragio universal (incluyendo a las mujeres) y con amplias atribuciones. El ejecutivo, recae en el Presidente de la República, que es el jefe del Estado y es elegido cada seis años por las Cortes, y en el gobierno, que debe tener la confianza del Presidente de la República y de las Cortes. Y el judicial, corresponde en jueces y tribunales independientes, con un Tribunal de Garantías Constitucionales como máximo organismo jurisdiccional.

Hay una amplia declaración de derechos y libertades, con una clara preocupación por los temas sociales, económicos y culturales: el trabajo es una obligación social, el gobierno puede expropiar bienes de utilidad social (con o sin indemnización), igualdad de todos en el derecho a la educación. Por último, el Estado se proclamaba laico.

Aunque la Constitución fue aprobada por una amplia mayoría, no dejaban de existir profundas discrepancias en materia religiosa y autonómica, que provocaron la dimisión de Alcalá Zamora como jefe del gobierno (y de Maura como ministro de la Gobernación), pasando a ser Presidente de la República; le sustituyó Manuel Azaña como jefe de gobierno.

Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, el gobierno de Azaña impulsó un programa de reformas en lo que se ha dado en llamar el BIENIO REFORMISTA. En primer lugar se afronta la cuestión religiosa, estipulándose la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, la supresión del presupuesto de culto y clero y permitiéndose el divorcio y el matrimonio civil. A las órdenes religiosas se les prohibió dedicarse a la enseñanza, a la industria y al comercio, se limitó la posesión de sus bienes y podían ser disueltas en caso de peligro para el Estado (como le pasó a los jesuitas). La jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a los católicos en su contra, dando pie a un anticlericalismo popular.

En segundo lugar se lleva a cabo la modernización y democratización del ejército, y para ello era necesario reducir los efectivos militares y acabar con la macrocefalia. Además, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de golpistas. Se creó la Guardia de Asalto como fuerza de orden público fiel a la República. Los africanistas vieron estas reformas como una agresión a la tradición militar, y conspiraron desde el primer momento para llevar a cabo una revuelta militar contra la República.

En tercer lugar se encuentra la reforma agraria, ya que en Andalucía, Castilla y Extremadura, más del 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de grandes propietarios, que coexistían con más de 2 millones de jornaleros. Los primeros decretos prohibían rescindir los contratos de arrendamiento, establecían la jornada de 8 horas, salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello. Pero la verdadera reforma consistió en la Ley de Bases para la Reforma Agraria, que permitía la expropiación. Sin embargo, se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos (unas 12.000 familias) de los previstos inicialmente, debido a la falta de financiación, pero también a la obstrucción de los grandes propietarios. La tensión social aumentó entre éstos últimos y los campesinos decepcionados con la reforma.

En cuarto lugar, el gobierno abordan la política autonómica. En Cataluña, Francesc Macià anuló su decisión de proclamar la República Catalana, a cambio de la elaboración de un Estatuto de Autonomía (Estatuto de Nuria) por un Gobierno provisional, que luego fue aprobado por referéndum popular y presentado a Cortes, donde fue debatido, recortado y aprobado pese a la oposición de la derecha. Las primeras elecciones al Parlamento catalán dieron la victoria a Esquerra Republicana y Macià fue elegido presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas realizaron un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella), que no se aprobó por la oposición de republicanos de izquierdas y socialistas. En Galicia, en junio de 1936 se sometió a plebiscito un proyecto de estatuto que no llegó nunca a ser aprobado por las Cortes.

En quinto lugar, hay que hablar de la obra educativa y cultural, cuyo objetivo era promover una educación liberal, laica, mixta y extendida a toda la población, por lo que se aumentó el presupuesto educativo en un 50%. Además, había que solucionar urgentemente las consecuencias del cierre de los centros educativos católicos. Para mejorar el nivel cultural de la población, se contó con el apoyo de numerosos intelectuales y artistas que promovieron las llamadas Misiones Pedagógicas en las zonas rurales (ej: La Barraca de Federico García Lorca).

Por último, tenemos las reformas laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. También se estableció la Inspección de Trabajo, la semana laboral de 40 horas, la creación de seguros sociales y el reforzamiento del papel de los sindicatos agrícolas. Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales.

La conjunción republicano-socialista atravesó por una serie de problemas: primero, la coyuntura económica desfavorable iniciada con el crac bursátil de 1929, que imposibilitó el crecimiento económico y agravó los tradicionales problemas internos. Segundo, la conflictividad social, derivada del desencanto de los trabajadores, que se vieron espoleados por la CNT (sublevación de mineros en el Alto Llobregat y de campesinos en Casas Viejas en Cádiz, en 1932, con el resultado final de 13 campesinos muertos), por la UGT a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra (revueltas campesinas, como la de Castilblanco en Extremadura), y por el PCE. Todos estos hechos desgastaron mucho al gobierno y a su presidente, Azaña.

Por último, la reorganización de las derechas. Además de la Iglesia, los grandes propietarios y las organizaciones patronales, amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado radicales, e inadmisible la conflictividad social. En este contexto se entiende el intento fracasado de golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932.

10.2.- El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno.

En el otoño de 1933, Azaña dimitió como jefe de gobierno, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 18 de noviembre. Fueron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar. El sistema electoral era mayoritario y primaba a las candidaturas triunfantes en cada circunscripción; la derecha venció al presentarse unida, mientras que la conjunción republicano-socialista se rompió al concurrir el PSOE en solitario. Así, se inician dos años de gobierno conservador, conocidos como el BIENIO RADICAL-CEDISTA o Bienio Negro. Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: en el centro, el Partido Radical de Lerroux y a la derecha, la CEDA de Gil Robles, que era el grupo parlamentario más numeroso, que representaba a los sectores conservadores y católicos, y no mostraba claramente si guardaba fidelidad a la República o no. Por ello, Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno al primero, que necesitaba del apoyo parlamentario del segundo. La victoria de la derecha fue contestada por una insurrección armada organizada por la CNT que fracasó, causando muertos, encarcelamientos y represión en las filas anarquistas.

El gobierno de Lerroux paralizó gran parte de las reformas anteriores y aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. Todo ello llevó a la radicalización del PSOE y la UGT; el sector más izquierdista del PSOE, junto con los anarquistas, declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, con la proliferación de huelgas y conflictos. El PCE abandonó su enfrentamiento con el PSOE, y siguiendo las consignas de la Komintern propició un Frente Antifascista, germen del futuro Frente Popular. A su vez, esto endureció la postura de la CEDA, que exigía más contundencia en el mantenimiento del orden público, y sus Juventudes de Acción Popular (JAP) actuaban como una milicia totalitaria. Lerroux terminó accediendo a las reclamaciones de la CEDA y les otorgó tres carteras ministeriales.

Se llega así a la REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934. La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo (algo que ya había ocurrido en Alemania y Austria), y al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT, con escasa participación de la CNT, se produjo una huelga general y manifestaciones en las grandes ciudades. La insurrección no llegó a cuajar, y el movimiento fracasó, pero quedaban por desarrollarse los acontecimientos más graves en Cataluña y Asturias.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social o una insurrección armada revolucionaria, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. En gran parte de la cuenca minera se tomaron pueblos, cuarteles de la Guardia Civil, ayuntamientos, etc. Los mineros organizaron los suministros, mantuvieron la producción en la siderurgia, cubrieron los servicios sanitarios y de vigilancia y se organizaron en comités de gobierno. Llegaron a sitiar Oviedo enfrentándose a las fuerzas del orden. Hubo algún asesinato de civiles, incluidos 34 eclesiásticos.

El gobierno envió desde África a la Legión, al mando de Franco, para acabar con el levantamiento, que resistió diez días antes de ser derrotado. La represión fue durísima: más de 1300 mineros muertos, 2600 heridos, 5000 detenidos, represión, torturas, etc.
En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter político. El presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó el 6 de octubre la República Catalana dentro de la República Federal española, al mismo tiempo que se organizaba una huelga general por parte del PSOE, UGT, PCE y Unión de Rabassaires. El escaso apoyo ciudadano y la negativa de la mayoritaria CNT a participar en la huelga, hicieron fracasar la insurrección, con más de 3500 detenidos.

Consecuencias de la revolución de octubre: la CEDA aumentó su influencia en el gobierno, se suspendió el Estatuto de Autonomía catalán, se devolvieron las propiedades a los jesuitas, Gil Robles fue nombrado ministro de la Guerra y Franco jefe el Estado Mayor.

El fin del bienio radical-cedista se da por el descrédito de Lerroux de cara a su electorado, tanto por su alianza con la CEDA, como por una serie de escándalos que afectan al Partido Radical (caso del estraperlo, caso Nombela), y que le deslegitiman para gobernar. Gil Robles intentó ser nombrado presidente del gobierno, pero Alcalá Zamora se negó, y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

En cuanto a las ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR (FP), éste último se formó a partir de una coalición electoral de las izquierdas basada en un programa común que defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados de la revolución de octubre, la reintegración en cargos y puestos de trabajo de los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista, además de reponer las garantías constitucionales que estaban suspendidas. Al FP se unieron Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana, el PSOE, el PCE y el POUM (trotskista). La CNT no participó en el Frente, pero tampoco pidió la abstención.

Los partidos de la derecha formaron el Bloque Nacional con la CEDA pero no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni consensuar un programa electoral y la Falange se quedó fuera de la coalición, al igual que el PNV. Así, las elecciones de febrero de 1936, muy politizadas y con alta participación, dieron la victoria al Frente Popular (34% de los votos), siendo mayoritaria en las grandes ciudades, zonas industriales y regiones del litoral, mientras que las derechas (33%), aumentaron su fuerza en las dos Castillas, Navarra y parte de Aragón. El nuevo gobierno se formó exclusivamente por republicanos, y el resto de partidos prestaban apoyo parlamentario. Azaña fue nombrado Presidente de la República y Casares Quiroga, jefe de gobierno.

El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha la reanudación del proceso reformista interrumpido en 1933. Los partidos de izquierda se lanzaron a una movilización popular: huelgas en las ciudades y ocupación de tierras en los campos extremeños y andaluces. La CNT y el ala izquierda del PSOE (Largo Caballero) apostaban por la revolución.
Esta situación fue absolutamente rechazada por la derecha: muchos propietarios se opusieron a las medidas del gobierno, algunos industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales, la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República y Falange fomentó un clima de violencia y crispación (“dialéctica de los puños y las pistolas”). La violencia política y la conflictividad social entre las organizaciones de izquierda y los falangistas, provocaron más de 400 muertes en estos meses previos a la guerra civil.

Este clima político alentaba a las fuerzas políticas de la derecha de la necesidad de un golpe de Estado militar contra la República, al frente del cual se puso el general Mola hasta julio de 1936 (momento en que Sanjurjo se hubiese colocado al mando si no hubiese muerto en un accidente aéreo a las afueras de Lisboa).

El 14 de julio el dirigente monárquico Calvo Sotelo era asesinado por un grupo de izquierdistas en respuesta al asesinato del teniente Castillo, oficial de la Guardia de Asalto, unos días antes. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el 17 de julio, dando lugar a un golpe de estado que derivaría en una guerra civil de tres años.

10.3.- La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del conflicto.

La SUBLEVACIÓN MILITAR se inicia en Melilla en la tarde del 17 de julio, cuando el general Yagüe, jefe militar de la Legión, se alza en armas contra la República. Esa noche Franco vuela desde Canarias –donde ya ha asegurado el triunfo de la sublevación- para ponerse al frente del Ejército de África, y dirigirse con él a la Península. El jefe de Gobierno, Casares Quiroga, no comprendió el alcance de la rebelión y perdió unas horas decisivas sin tomar medida alguna, lo que fue aprovechado por los sublevados: entre el 18 y el 19 de julio, la mayoría de las guarniciones militares se unieron al golpe de Estado, junto a sectores civiles de falangistas y carlistas (requetés). El golpe triunfó en casi todas las capitales de Castilla, en Pamplona, en algunas ciudades gallegas (La Coruña), parte de Aragón (Zaragoza) y en zonas de Andalucía occidental y Extremadura; también los archipiélagos, balear (excepto Menorca) y canario, cayeron en manos de los sublevados.

El 18 de julio, Casares Quiroga dimitió, y también su sucesor, Martínez Barrio, ante la imposibilidad de negociar con el general Mola. Esa misma noche, el PSOE y el PCE convocaban la movilización a toda su militancia. En Andalucía, los sublevados consiguieron desembarcar algunas unidades del Ejército de África, que inició una marcha hacia el norte con el objeto de enlazar las dos zonas en las que había triunfado el golpe y marchar hacia Madrid

La sublevación fracasó en otros puntos importantes: la mayor parte de Aragón, Asturias, toda Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa en el País Vasco, Cataluña, Levante, parte de Castilla y buena parte de Andalucía oriental, que permanecieron fieles a la República. Los dos fracasos más sonados se dieron en Madrid y Barcelona. En Madrid, las milicias obreras de socialistas y comunistas, junto con oficiales leales, vencieron a los golpistas refugiados en el Cuartel de la Montaña. En Barcelona fue la CNT, con la colaboración de los Guardias de Asalto y de la Guardia Civil, redujeron a los insurrectos del general Goded.

Los sublevados habían previsto el éxito rápido de su pronunciamiento. Cuando se evidenció que el golpe militar no había triunfado, el país quedó dividido en dos bandos que se iban a enfrentar en una guerra civil: el bando de los sublevados estaba constituido por militares conservadores, monárquicos, grupos católicos, falangistas, tradicionalistas (carlistas) y por todos aquellos que se habían opuesto a las reformas de la República. Se definían como “nacionales” y católicos. El bando republicano lo constituían las clases más populares: obreros, empleados urbanos, pequeña burguesía, campesinos sin tierras, que en su mayoría estaban afiliados o influidos por las organizaciones socialistas, comunistas y anarcosindicalistas (para la derecha son los “rojos”). Pero también defendían a la República las clases medias y burguesas ilustradas, además de un nutrido grupo de intelectuales y artistas.

En septiembre de 1936, Francia e Inglaterra, formaron un Comité de no intervención, al que se adhirieron las principales potencias europeas. La política de no-intervención perjudicó al gobierno de la República, ya que Francia e Inglaterra no prestaron ninguna ayuda a la República, manteniéndose incluso la frontera francesa cerrada a los envíos de material soviético a España.

En cambio, Italia y Alemania dieron un apoyo total a los rebeldes. Alemania envió sobre todo material y consejeros militares, en especial aviadores (Legión Cóndor). La ayuda italiana fue más importante. Además de material, envió tropas, y puso buena parte de su flota al servicio de los nacionalistas, bloqueando los puertos mediterráneos y hundiendo los buques que se dirigían hacia ellos. Además los nacionalistas contaban con el apoyo de Portugal y de la Iglesia (los obispos, en una carta pastoral colectiva habían considerado la guerra como una “Cruzada”). El bando nacionalista contaba también con el apoyo de numerosas empresas extranjeras, en especial de los EE.UU. que suministraron petróleo y vehículos en condiciones de pago muy favorables.

La República sólo contó con el apoyo decidido de la Unión Soviética, que envió abundante material militar pero exigiendo el pago inmediato en metálico. La República envió a la URSS sus reservas de oro como pago del material de guerra. La URSS utilizó su influencia para potenciar al PC que acabó siendo el partido más importante de la zona. Los envíos soviéticos se fueron reduciendo y cesaron casi totalmente tras la Conferencia de Múnich (octubre 1938). Además, la República contó con el apoyo de las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios antifascistas de diversos países.

 

10.4.- Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos zonas. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos.

La Guerra Civil española se extiende desde julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Comienza con una sublevación militar en Melilla en la tarde del 17 de julio y prosigue cuando el ejercito de África, al mando del general Franco, desembarca en la Península e intenta marchar hacia Madrid. El golpe de estado no triunfo en toda España y desencadenó una guerra de tres años entre los sublevados (también llamados nacionales) y los que defendían la legitimidad republicana (para la derecha los «rojos»). En cualquier caso, ninguno de los dos bandos era homogéneo sino que había una coloratura de ideologías e intereses como veremos después.

Por lo que respecta al desarrollo del conflicto, las operaciones militares pasaron por las siguientes fases:

1ª: El avance hacia Madrid (julio-noviembre de 1936). Fue un fracaso de los sublevados porque Madrid resistió al grito de «No pasarán» gracias a la movilización popular, a la llegada de las Brigadas Internacionales, de los carros de combate y aviones rusos y de la columna Durruti (anarcosindicalistas de Barcelona). También a la estrategia de defensa del comandante Rojo.

El gobierno se trasladó a Valencia y Madrid quedó en manos de una Junta de Defensa presidida por el general Miaja.

2ª: Las batallas en torno a Madrid (diciembre de 1936-marzo de 1937) con el objetivo de cercar la capital y cortar sus comunicaciones con Valencia: Batallas del Jarama y Guadalajara. Pero fueron un fracaso.

Los fascistas italiano tomaron Málaga que sufrió una violenta represión.

3ª: La campaña del Norte (abril-octubre de 1937) que estaba en manos republicanas y era rica en carbón y minerales. Después del bombardeo de Guernica por la aviación nazi (la Legión Condor) fueron cayendo en manos sublevadas Bilbao, Santander y Asturias. La caída del norte daba la iniciativa bélica a los sublevados.

4ª: El avance hacia el Mediterráneo (noviembre de 1937 a junio de 1938). Se trata de la durísima batalla de Teruel en que los republicanos toman Teruel pero Franco lanza una contraofensiva y desencadena la campaña de Aragón, atravesando el Maestrazgo y llegando al Mediterráneo por Vinaroz (Castellón) en el mes de Abril de 1938. Así, el territorio republicano quedó dividido en dos zonas, quedando Cataluña aislada.

5ª: La Batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña (julio de 1938-febrero de 1939). Barcelona cayó9 el 26 de enero de 1939.

6ª El final de la guerra (febrero-abril de 1939). A estas alturas, las divisiones en el bando republicano eran graves (golpe de estado del general Casado), lo que Franco aprovechó para exigir una rendición sin condiciones. El 1 de abril de 1939 terminaba la guerra.
En cuanto a la evolución política y económica de los bandos enfrentados, hay que entender que en la zona republicana se dio una dispersión y dualidad de poderes: por un lado, el gobierno constitucional, débil en los primeros momentos de la guerra y, por otro lado, el gobierno revolucionario, fuerte, de las organizaciones obreras y las milicias. Así, en el territorio republicano se extendió un clima revolucionario que impulsaba la colectivización de gran parte de la propiedad industrial y agraria y donde los anarconsindicalistas de CNT-FAI y el POUM se hicieron con el contros de los transportes y fábricas. Además fueron incautadas las propiedades de la Iglesia. Precisamente, esta evolución radical fue la que asustó a las democracias burguesas de Francia o Gran Bretaña, que empezaron a temer más la deriva revolucionaria que al triunfo del fascismo.

Por lo que respecta a la zona sublevada, el ejército fue el que llevó siempre la iniciativa política y el encargado de organizar el nuevo Estado. El 24 de julio de 1936 se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, integrada por militares, cuyas primeras medidas fueron extender el Estado de guerra a todo el territorio, suspender la Constitución de 1931, paralizar la reforma agraria y prohibir los partidos políticos (sólo actuaban Falange Española y de las JONS y los requetés carlistas). Después de las muertes de los generales Sanjurjo y Mola, Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejercitos.

Las consecuencias de la guerra fueron trágicas en todos los campos. En cuanto a las pérdidas humana, se sigue investigando, pero se puede decir que, aproximadamente, las muertes ocasionadas por la guerra y la posguerra rondarían el medio millón de personas, básicamente población joven y activa.

BLOQUE 11.- LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).

11.1.- La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior.

El Régimen Franquista tenía muchas características fascistas como el caudillismo (Franco fue investido como “Caudillo de España” y “Generalísimo de los Ejércitos); el totalitarismo (se suprimió la Constitución de 1931 y se constituyó un partido único: Falange Española y de las JONS); el anticomunismo; la represión de la oposición (La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 declaraba “rebeldes” a todos los que se hubieran opuesto al “Movimiento”, eufemismo de golpe de estado); la censura; la exaltación de los valores y símbolos de la patria; y el militarismo (la vida cotidiana se llenó de desfiles, uniformes, banderas, himnos y símbolos castrenses). Ahora bien, tenía la particularidad de su marcado catolicismo (la iglesia española calificó de “Cruzada” la guerra de Franco aunque las relaciones con el Vaticano eran más problemáticas).

Además de Falange, Franco buscó sus colaboradores entre lo que se conoce como las familias del régimen: el ejército, los monárquicos alfonsinos (que engrosaron el cuerpo diplomático, traicionando a los Borbones), los católicos (a partir de los años 60 tendrán mucha importancia los católicos del Opus Dei) y de manera residual, los carlistas.

En general, el “Movimiento” fue apoyado por las élites económicas y sociales mientras las clases medias se mostraron pasivas y las populares eran ferozmente reprimidas.

Las etapas de la Dictadura vienen marcadas por el contexto internacional:

1ª) Desde 1939 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial se imita los regímenes fascistas y es la hegemonía de Falange y del nacionalsindicalismo, que consistía en sindicatos verticales que integraban obligatoriamente a empresarios y trabajadores. A través de ellos, el Estado ejercía una férrea tutela sobre la clase obrera y dictaba las condiciones laborales, anulando la negociación colectiva y la huelga.

2ª) Los años del boicot internacional (1945 – 1953). Las democracias occidentales, vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, prohibieron la entrada de España en la ONU y en 1946, la ONU recomendó la retirada de los embajadores de Madrid.

Así las cosas, Franco comienza a quitar protagonismo a Falange y deja de hablar de nacionalsindicalismo para hablar de nacionalcatolicismo.

La Guerra Fría fue una oportunidad para Franco ya que para Estados Unidos era mucho más importante tenerlo como aliado anticomunista que presionarlo para que democratizase España.

3ª) Reconocimiento internacional (a partir de 1953) La firma de los acuerdos con Estados Unidos, en los que obtenían el derecho a establecer bases militares americanas en suelo español (Torrejón, Morón, Rota y Zaragoza) es el paso más importante para la aceptación internacional del “Movimiento”.

España fue admitida en la ONU en 1955 y en el FMI y el Banco Mundial en 1958.

Fue importante que Franco, en 1957, hubiera realizado una remodelación del gobierno, donde los protagonistas van a ser hombres procedentes del Opus Dei, los llamados “tecnócratas”, apoyados por el almirante Carrero Blanco. Los tecnócratas tenían un alto nivel de formación técnica y defendían la necesidad de un profundo cambio en la orientación económica y la modernización del país, pasando de la autarquía a la liberalización económica.

En 1967, la Ley Orgánica del Estado concretaba las funciones de los órganos del Estado, mantenía la concentración de poderes del dictador, pero introducía la separación entre el Jefe del Estado y el Presidente de Gobierno. A partir de ahora, llamaran a la dictadura, “democracia orgánica”, y en 1969, el entonces príncipe Juan Carlos será nombrado sucesor, medidas ambas que pretendían dar una apariencia más amable de cara al exterior.

En conclusión, una vez derrotado Hitler, el régimen franquista se mantuvo solamente porque sirvió de aliado a Estados Unidos contra el comunismo soviético.

 

11.2.- Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. Transformaciones sociales: causas y evolución.

La economía franquista pasó por diferentes periodos, que evolucionaron al compás de su política y del contexto internacional: autarquía económica; desarrollismo; crecimiento; y crisis final.

Con el fin de la Guerra Civil en 1939, se impone la autarquía económica, de inspiración fascista y que propugna la sustitución del libre mercado por la intervención del Estado en la economía, reglamentando todos los aspectos de la actividad económica. La autarquía se prolongará más allá de la derrota de Hitler en 1945 y la razón hay que buscarla no sólo en el interés del régimen franquista por limitar los intercambios con el exterior, y autoabastecerse de todos las materias primas y productos posibles, sino en el aislamiento internacional de España después de la Segunda Guerra Mundial (el país quedaba al margen del Plan Marshall de ayuda a la recuperación económica después de la guerra).

Los resultados fueron catastróficos: encarecimiento, racionamiento y hambre; corrupción y mercado negro (el estraperlo); escasez de bienes de consumo, materias y suministro eléctrico; y un notable descenso de la producción agrícola e industrial porque el sector exportador se vio muy perjudicado.

El 1941 se fundo el INI (Instituto Nacional de Industria) que impulsó la creación de empresas públicas para suplir a la iniciativa privada en sectores no rentables o que requerían mucha inversión, pero se dio prioridad a la defensa militar para asegurarse la independencia política del nuevo régimen, y se soslayaron los graves problemas sociales.

A partir de la segunda mitad de los años 50 se inicia el llamado Desarrollismo económico: era evidente que la autarquía estaba agotada y desde 1951 comienza una liberalización parcial de precios y de circulación de mercancías (lo que permitió acabar con las cartillas de racionamiento en 1952); también llegan las primeras ayudas de Estados Unidos con la aceptación internacional del régimen en el contexto de la Guerra Fría. Estas ayudas económicas eran inferiores a las del Plan Marshall pero muy importantes para una economía descapitalizada como la española.

En 1957, Franco entrega el poder a los tecnócratas del Opus Dei, que consideraban el crecimiento económico como principal garantía de estabilidad social. El Plan de Estabilización de 1959, financiado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial perseguía la estabilización de la economía para frenar el crecimiento de la inflación y la liberalización del comercio, tanto del interior como del exterior. Además y de la mano del ministro López Rodo se inicia la construcción de los Polos de Desarrollo dotando de infraestructuras a las industrias y empresas.

Entre 1959 y 1973, España va a conocer un intenso período de crecimiento económico (la renta per cápita creció un 5,3 por ciento anual). Este tercer y último período es de industrialización acelerada, aunque desequilibrada; de modernización y mecanización de la agricultura con el consiguiente éxodo rural a las ciudades y de avances del sector terciario debido, sobre todo, al auge del turismo. Además, las necesidades de financiación promovieron el crecimiento del sector bancario.

Seguía existiendo el déficit comercial pero se compensaba en la balanza de pagos con los ingresos procedentes del exterior, incluyendo las divisas que aportaban las remesas de los emigrantes españoles que trabajaban en Europa: entre 1960 y 1975, 2.600.000 españoles buscaron trabajo en Francia, Alemania, Suiza y Bélgica.

Esta etapa también es la del “Baby-boom” consecuencia de la política natalista del franquismo.

La crisis del petróleo de 1973 supondrá un mazazo para España ya que parte de su crecimiento se había basado en fuentes de energía baratas. Paralelamente el régimen agonizaba también políticamente.

En conclusión, se va a consolidar en España una sociedad capitalista, con un aumento significativo de obreros industriales y de la burguesía urbana, pero con graves desequilibrios sociales y territoriales: en las ciudades proliferaba el chabolismo y el campo se despoblaba.

11.3.- La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco.

Al finalizar la Guerra Civil (1 de abril de 1936) más de 400.000 españoles comprometidos con la República huyeron. En el exilio se desarrolló una parte muy importante de la oposición política al franquismo. Las instituciones de la República siguieron funcionando en México, aunque con el tiempo y el progresivo alejamiento de la realidad española, su existencia se caracterizó por las divisiones internas.

Desde principios de los años 40 cobró fuerza el maquis, partidas de guerrilleros antifranquistas que continuaron luchando en zonas montañosas (Valle de Arán). Pero la represión acabó con ellos.

También desde el exilio, el hijo de Alfonso XIII, don Juan (padre de Juan Carlos I y por tanto, abuelo de Felipe VI), articuló el proyecto de restauración monárquica (Manifiesto de Lausana: donde se comprometía a ser un rey parlamentario) pero en el contexto internacional de la Guerra Fría (el mundo capitalista contra el comunista) y por miedo al avance del comunismo, las potencias democráticas mundiales prefirieron mantener a Franco en el poder de España que arriesgarse a que partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, PCE, UGT, CNT…) volvieran a tener importancia social en la Península. Don Juan perdió así cualquier apoyo y a través de la Ley de Sucesión de 1947, Franco pactó con él que su hijo Juan Carlos sería educado en España y algún día podría reinar. (No fue hasta 1969, cuando Franco nombró a Juan Carlos su sucesor).

En España, la persecución contra la oposición era implacable, pero dentro de los partidarios del régimen franquista (del llamado Movimiento) comenzó a haber disensiones en los años 60. Hubo un claro enfrentamiento entre aperturistas (partidarios de la monarquía y de reformar el sistema para aproximarlo a un modelo parlamentario europeo) e inmovilistas (opuestos a cualquier cambio). Después del escándalo Matesa (1969) y el proceso de Burgos contra militantes de ETA (1970), la contestación popular en España y en el extranjero aumentó considerablemente.

Franco (que era Jefe del Estado y Presidente de Gobierno) estaba enfermo y envejecido y en junio de 1973, nombró Presidente de Gobierno a su amigo, el almirante Carrero Blanco (era la primera vez que cedía poder). Pero en diciembre de ese año, ETA asesinaba a Carrero Blanco.

A partir de 1973, tuvo lugar un espectacular crecimiento de la conflictividad social. En 1974, las principales fuerzas opositoras (todas en la clandestinidad) constituyeron la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática (en 1976, ya muerto Franco, se fundieron en la Platajunta).

Además, hubo un recrudecimiento de la violencia política: ETA, el GRAPO, el FRAP… El nuevo Presidente de Gobierno, Arias Navarro, respondía con crudeza y el estado de excepción era casi permanente.

Pero la enfermedad de Franco se agravaba y además había que hacer frente al conflicto del Sáhara español (Frente Polisario).

Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 y comenzaba el reinado de Juan Carlos I en medio de dudas (¿qué haría el nuevo rey?) y dificultades. Y sin embargo en un período de tiempo relativamente corto se realizó la transición a la democracia, para muchos: un proceso político modélico.

 

BLOQUE 12.- NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975).

12.1.- La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición.

La Transición española es el período de la historia contemporánea de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la democracia. Dicha fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I y finaliza en octubre de 1982, con la victoria electoral del PSOE.

A la muerte del dictador se daban tres alternativas políticas: la continuidad del régimen franquista con alguna modificación superficial, defendida por el bunker; la reforma política a partir de las leyes e instituciones del franquismo, propuesta por los aperturistas y que sería la que se impusiera; y la ruptura democrática, acabando con el régimen dictatorial de forma inmediata, vía defendida por la oposición democrática.

El papel del rey Juan Carlos I fue fundamental durante la Transición: el 22 de noviembre de 1975 asumió la jefatura del Estado, jurando los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del régimen, pero dejando entrever en su discurso de proclamación, su voluntad democrática y teniendo a Torcuato Fernández Miranda (verdadero ideólogo de la Transición) como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. La agitación social, la represión del gobierno de Arias Navarro (sucesos de Vitoria marzo 1976) y su incapacidad para impulsar la reforma política; llevó a que Arias Navarro presionado por el rey dimitiera en julio-1976.

El rey nombró como presidente a Adolfo Suárez, tenía un perfil falangista pero una actitud reformista. Suárez inicia contactos con el socialista Felipe González, el comunista Santiago Carrillo y los sindicatos UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras). Además, dio entrada en el gobierno al general reformista Gutiérrez Mellado.

El 18-noviembre-1976, se da el paso definitivo hacia la democracia, se aprueba en referéndum la Ley de Reforma Política, ideada por Fernández Miranda; establecía el bicameralismo y el sufragio universal. El camino hacia la cita electoral (15 junio 1977) fue difícil. En 1977 hubo un recrudecimiento del terrorismo, tanto de extrema derecha (matanza de los abogados laboralistas de Atocha), como de ETA y GRAPO (atentados y secuestros a miembros de las Fuerzas Armadas y del aparato del Estado).

El 9 de abril de 1977, Suárez legaliza el PCE (Partido Comunista de España) por decreto ley, provocando la reacción negativa del ejército y que algunos de sus miembros más inmovilistas empezaran a pensar en un golpe de estado. Las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977, consiguieron el restablecimiento de la democracia. Dieron el triunfo a la UCD (Unión de Centro Democrático), partido de Adolfo Suárez, siendo la principal fuerza política de la oposición el PSOE liderado por Felipe González.

Entre septiembre de 1977 y octubre de 1978 el Gobierno creó trece preautonomías, produciendo más descontento en sectores del ejército (descontento que aumentaba con el terrorismo de ETA hacia los militares). La extrema derecha militar protagonizaría la “Operación Galaxia” intentona golpista en noviembre de 1978 y antecedente del Golpe de Tejero (1981).

Las Cortes inician la elaboración de la nueva Constitución, en manos de una ponencia de siete miembros. Se debatió en las Cortes de mayo a octubre, siendo aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, y promulgada el 29. Recoge los principios de: soberanía nacional, monarquía parlamentaria como forma de Estado, división de poderes y la unidad de España compatible con la pluralidad nacional. Distingue entre nacionalidades y regiones; con dos vías para crear comunidades autónomas: vía rápida (art. 151) para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), y vía lenta (art. 143). La Constitución de 1978 también presenta una declaración de derechos y libertades muy avanzados, y define un Estado no confesional.

Posteriormente, entre 1979 y 1983 se crearon diecisiete comunidades autónomas. Ceuta y Melilla se conformaron en Ciudades Autónomas en 1995.

12.2.- Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternativa política: gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular.

Durante los años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha).

La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se mantenía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación, una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social.

A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Sin embargo, el rey Juan Carlos I logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó.

En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente y las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE de Felipe González, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue AP (Alianza Popular), liderado por Manuel Fraga y antecedente del Partido Popular. El PSOE mantuvo su hegemonía en sucesivas elecciones (autonómicas, municipales y generales de 1986, 1989 y 1993), hasta 1996.

Esta mayoría parlamentaria le permitió llevar a cabo, sobre todo en los primeros años, una política de modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social y generalizando la sanidad pública, implantando un nuevo sistema educativo (la LOGSE ampliaba hasta los 16 años la enseñanza obligatoria), y llevando a cabo una reforma fiscal, además España se integra en la OTAN (Organización del Atlántico Norte) y el 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la CEE (antecedente de la Unión Europea), que preveía la entrada de España el 1 de enero de 1986. Algunas reformas que atentaban contra los pilares de la mentalidad franquista provocaron una grave polémica como la despenalización parcial del aborto o el reconocimiento de la objeción de conciencia.

En el terreno económico y aunque se consiguió frenar la inflación, la lucha contra el paro fue un importante fracaso del gobierno socialista así como el contestado intento de la reforma laboral (Huelga General del 14 de diciembre de 1988

El terrorismo, que apareció en los últimos años del franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político, siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados. Para luchar contra ellos se creó, con apoyo del Estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que organizó una “guerra sucia” contra militantes y simpatizantes de ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista, ya que esta “guerra sucia” era ilegal y que al ser sacado a la luz (los responsables fueron juzgados y encarcelados) influyó decisivamente en la derrota socialista.

Las elecciones que se celebraron el 3 de marzo de 1996 y dieron una ajustada victoria al Partido Popular (PP) de Aznar, aunque en el 2000 nuevas elecciones le dieron mayoría absoluta.

Se hizo una política económica, basada en una orientación neo-liberal, encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada, a la vez que se buscaban cumplir los criterios económicos de convergencia económica europea para poner en marcha la moneda única o euro. El auge económico mundial, acompañó a esta política lo que permitió reducir el paro y sostener las pensiones.

El problema del terrorismo fue uno de los campos más complejos, sobre todo tras la crisis del verano de 1997, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP tras un ultimátum de ETA, provocó una gran movilización social.

Asuntos como la guerra en Irak, su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de la Calidad de la Enseñanza fueron restando apoyos al PP. Finalmente, los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista del PSOE liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).

Las reformas sociales de Zapatero fueron importantes. Otro triunfo fue que ETA anunció «el cese definitivo de su actividad armada», pero la crisis económica internacional que afectó con especial virulencia a España conllevaron el fracaso de PSOE y que el Partido Popular, esta vez liderado por Mariano Rajoy volviese a gobernar del 2011 al 2018 siendo sucedido por el actual presidente de gobierno Pedro Sánchez del PSOE.

En conclusión, desde del final de la Transición, España ha ido alternando a socialistas (PSOE) y populares (PP) en el gobierno con apoyos puntuales del partido nacionalista catalán Convergència i Unió y del vasco PNV (Partido Nacionalista Vasco). Sólo en las últimas elecciones han aparecido nuevos partidos (Ciudadanos o Podemos) que han alterado este tradicional bipartidismo.

 

12.3.- La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro.

En 1962, durante la dictadura franquista, España solicitó, por primera vez su integración en la CEE (Comunidad Económica Europea y antecedente de la actual Unión Europea), pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como resultado se iniciaron unas negociaciones que llevaron al “Acuerdo Comercial preferencial” de 1970.

En 1977, establecido un sistema político democrático, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la integración plena en la CEE. En 1979 se iniciaron las negociaciones, a la vez que lo hacía Portugal, para la adhesión.

Fueron unas negociaciones largas y complicadas. Por ejemplo, Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania la integración de España en la OTAN (Organización del Atlántico Norte). En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar y en 1986, España entraba en la OTAN con el gobierno socialista de Felipe González, lo que supuso una gran decepción para muchos votantes del PSOE que no querían entrar en este bloque militar capitaneado por los Estados Unidos.

Finalmente, el Gobierno español firmó en Madrid el “Tratado y el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas”, que fue ratificado en el Congreso y en el Senado y en los parlamentos del resto de los socios comunitarios para entrar en vigor el 1 de enero de 1986.

La entrada de España en la CEE fue acogida con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista y con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco de relaciones económicas basadas en el librecambismo.

La integración en la CEE se hizo de forma gradual mediante un período transitorio. Así, los diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la disminución drástica de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción naval, siderurgia. La contraprestación era la apertura para los productos españoles de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva.

Paralelamente, los países miembros de la CEE decidieron acelerar el proceso de construcción europea. El Acta Única Europea (1986) permitió el establecimiento de un verdadero mercado interior sin fronteras para los países de la CEE que posibilitaba la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Para asegurar la estabilidad en el seno de la CEE se aprobaron los denominados fondos estructurales, que han comportado el traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los estados menos desarrollados de la CEE, como España.

El proceso de integración en Europa dio un paso fundamental con la aprobación del “Tratado de la Unión Europea” o Tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política económica común y el establecimiento de una moneda europea (el euro); para acceder a la moneda común los países miembros de la Unión Europea tuvieron que cumplir una serie de condiciones, especialmente el control de la inflación y del déficit público, que provocaron la adopción de unas duras políticas presupuestarias (recortes en el gasto educativo, disminución de las pensiones, reducción de las obras públicas, etc.).

A partir de 1996, el gobierno del Partido Popular de Aznar dio prioridad al cumplimiento de los criterios de los requisitos para acceder a la moneda única., además de poner en marcha distintos planes para alcanzar la convergencia real en renta y empleo. En 1999 se lograron los requisitos para acceder a la moneda única europea.

El euro entró definitivamente en la vida de los españoles el 1 de enero de 2002. Al evitarse los cambios la moneda única produjo menos costes en el comercio europeo pero la tendencia a la equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación en los menos competitivos entre ellos España.

En conclusión, España se halla en la actualidad plenamente integrada en la UE.